Más de una década después de la firma del contrato para modernizar cinco centros asistenciales, la justicia condenó en primera instancia al exalcalde y exgobernador Carlos Caicedo por irregularidades en el manejo de más de 6.000 millones de pesos. El caso, sin embargo, sigue proyectando sus efectos sobre otros protagonistas de la administración de Fuerza Ciudadana.
Por: Amalfi Rosales
Lo que en 2014 fue presentado como una de las apuestas más ambiciosas para fortalecer la red pública de salud de Santa Marta terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente del Magdalena.
Después de más de diez años de investigaciones, aplazamientos, controversias judiciales y un largo juicio, una jueza de Bogotá condenó en primera instancia al exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, al hallarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por las irregularidades detectadas en la contratación y ejecución del proyecto de remodelación de cinco puestos de salud del Distrito.
El fallo establece una pena de prisión, una multa multimillonaria, la obligación de resarcir el daño ocasionado al patrimonio público y la inhabilidad para ejercer cargos públicos, al considerar acreditadas las irregularidades en el manejo de más de 6.000 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria de la ciudad.
Aunque la decisión aún no está en firme y podrá ser apelada, representa el primer gran revés judicial para quien durante años lideró el movimiento político Fuerza Ciudadana y construyó una de las estructuras políticas más influyentes del Caribe colombiano.
El proyecto que prometía transformar la salud
La historia comenzó durante la administración de Carlos Caicedo en la Alcaldía de Santa Marta cuando se anunció un plan para intervenir cinco puestos de salud ubicados en Bastidas, Mamatoco, Taganga, La Paz y La Candelaria, con el propósito de ampliar la cobertura médica y ofrecer instalaciones dignas para miles de habitantes.
El proyecto contemplaba la reconstrucción y modernización de la infraestructura existente y fue presentado como una de las principales inversiones sociales de la administración distrital.
Sin embargo, con el avance de las obras comenzaron a surgir denuncias sobre retrasos, incumplimientos y presuntas irregularidades en la contratación.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el contrato fue celebrado sin cumplir los requisitos legales exigidos y que la ejecución permitió la apropiación irregular de recursos públicos, ocasionando un grave perjuicio económico al Distrito.
Lo que debía convertirse en un símbolo del fortalecimiento de la salud pública terminó siendo, según la decisión judicial, un caso de corrupción que comprometió más de 6.000 millones de pesos.
Obras inconclusas y comunidades afectadas
Las investigaciones revelaron que varias de las obras quedaron inconclusas, otras fueron demolidas sin que se materializara su reconstrucción y algunas nunca llegaron a prestar el servicio para el cual habían sido proyectadas.
Mientras el proceso administrativo avanzaba entre modificaciones contractuales y retrasos, miles de habitantes continuaban enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos de salud.
Ese impacto social fue uno de los elementos que acompañó el proceso durante años y que convirtió el caso en uno de los expedientes más sensibles para la ciudadanía samaria.
El seguimiento de El Espacio Noticias
Mucho antes de que se conociera esta condena, El Espacio Noticias venía documentando el desarrollo del proceso judicial.
En 2021, este medio presentó varios derechos de petición ante la Fiscalía General de la Nación solicitando información sobre el estado del proceso, las actuaciones adelantadas por los fiscales y las razones de las demoras que presentaba el juicio.
Las respuestas oficiales permitieron establecer que el expediente se encontraba en etapa de juzgamiento y que estaba asignado al Fiscal 41 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, Salustiano Fortich Molina. También confirmaron que una denuncia presentada contra el juez que dirigía el proceso había sido remitida a la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal para determinar si existían méritos para una investigación penal.
Ese seguimiento periodístico permitió evidenciar que el caso avanzó en medio de numerosas controversias procesales, aplazamientos y solicitudes de información elevadas por ciudadanos y periodistas preocupados por la demora del proceso.
Una condena que no cierra el caso
Aunque la sentencia conocida esta semana recae exclusivamente sobre Carlos Caicedo, el expediente de los puestos de salud no termina con este fallo.
El caso también tuvo repercusiones en administraciones posteriores.
El exgobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, fue vinculado judicialmente a actuaciones relacionadas con este mismo expediente y su proceso fue objeto de seguimiento por parte de El Espacio Noticias, que documentó durante años las actuaciones judiciales adelantadas alrededor del caso.
De igual manera, la Procuraduría General de la Nación formuló recientemente pliego de cargos contra la exalcaldesa Virna Johnson por presuntos retrasos y sobrecostos en la remodelación del centro de salud del corregimiento de Gaira, un episodio que también hace parte de las investigaciones sobre la infraestructura de la red pública de salud de Santa Marta.
Estos procesos muestran que las consecuencias jurídicas del manejo de los recursos destinados al sector salud continúan extendiéndose sobre distintas administraciones del movimiento Fuerza Ciudadana.
Las preguntas que deja la sentencia
La decisión judicial abre ahora un nuevo escenario.
Mientras la defensa de Carlos Caicedo prepara los recursos contra la sentencia de primera instancia, la atención también se dirige hacia los demás procesos relacionados con este escándalo.
¿Cuál es el estado actual del expediente que involucra a Rafael Martínez?
¿Qué decisiones adoptarán las autoridades frente a los demás funcionarios investigados?
¿Tendrán los procesos disciplinarios abiertos contra otros exmandatarios consecuencias penales en el futuro?
Son interrogantes que permanecen abiertos y cuya respuesta será determinante para establecer el alcance judicial definitivo de uno de los casos de corrupción más relevantes registrados en Santa Marta durante la última década.
Un precedente para el Magdalena
La condena contra Carlos Caicedo constituye mucho más que una decisión individual.
Representa el primer gran pronunciamiento judicial sobre un proyecto que prometía mejorar la atención en salud de miles de samarios y que terminó convertido en un símbolo de las fallas en la contratación pública.
También confirma que las investigaciones por corrupción pueden tardar años, pero finalmente producir decisiones de fondo.
Para El Espacio Noticias, que acompañó este proceso desde sus primeras actuaciones judiciales mediante investigaciones, publicaciones y solicitudes de información, el fallo constituye un nuevo capítulo de una historia que aún no concluye.
Porque mientras la justicia definió la responsabilidad penal del principal protagonista de este expediente, todavía quedan procesos abiertos, decisiones pendientes y preguntas que la ciudadanía espera ver respondidas sobre el destino de los recursos públicos que debían garantizar un mejor servicio de salud para Santa Marta.
