El Gobierno de Abelardo De La Espriella abrió una revisión sobre contratos, convenios, fiducias, donaciones y más de 900 contratos de prestación de servicios de Prosperidad Social. La administración advierte que existen recursos cuya situación jurídica, ejecución y cierre todavía deben ser esclarecidos.
La lupa del Gobierno Nacional está puesta sobre Prosperidad Social, una de las entidades encargadas de administrar recursos destinados a los sectores más vulnerables del país.
Una auditoría y revisión administrativa adelantada por la actual dirección encontró varias situaciones que, según la entidad, requieren una investigación técnica y jurídica más profunda.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la existencia de cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución, cuya documentación, soportes y estado de legalización o cierre están siendo verificados.
Más de 900 contratos bajo revisión
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, informó que también están siendo examinados más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad, según la entidad, todavía no ha sido plenamente verificada.
La revisión busca establecer si estos contratos estuvieron debidamente justificados, si los servicios fueron necesarios y si los recursos públicos fueron utilizados conforme a la ley.
Pero este no sería el único frente de investigación.
La entidad también reportó contratos de altos montos cuya ejecución estuvo concentrada durante los meses de la campaña presidencial, situación que está siendo examinada para determinar su justificación, cumplimiento y destinación de los recursos.
Donaciones sin claridad sobre beneficiarios
Otro de los puntos que llamó la atención de la nueva administración está relacionado con donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026.
De acuerdo con Prosperidad Social, se están revisando operaciones en las que todavía no existe suficiente claridad sobre los beneficiarios finales.
La entidad asegura que está verificando la documentación para determinar quiénes recibieron esos recursos y bajo qué criterios fueron entregados.
Nombramientos también están bajo la lupa
La revisión también alcanzó a la contratación de personal.
Prosperidad Social informó que existen más de una decena de nombramientos en provisionalidad frente a los cuales se está verificando el cumplimiento de los requisitos y de las normas relacionadas con la carrera administrativa.
Estos casos, según la entidad, fueron advertidos a través de información aportada por funcionarios, sindicatos y organismos de control.
La investigación hace parte de una revisión más amplia ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien anunció auditorías forenses en las entidades del Estado para revisar los informes y actas de gestión recibidos de la administración anterior.
El objetivo anunciado por el Gobierno es identificar inconsistencias, faltantes, riesgos, posibles irregularidades y eventuales hechos de corrupción.
El vocero presidencial, Miller Soto, aseguró este martes que la auditoría continúa y que se está siguiendo la ruta de los recursos públicos, particularmente en el caso de los recursos vinculados a fiducias y convenios de Prosperidad Social.
¿Qué puede pasar ahora?
La directora de Prosperidad Social fue enfática en señalar que la actual etapa no constituye una determinación de responsabilidad.
La entidad primero debe establecer qué ocurrió, quién tomó las decisiones, si existieron irregularidades y cuál fue el destino de los recursos.
Los hechos que sean documentados y que puedan tener consecuencias disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán enviados a los organismos de control y a las autoridades competentes.
La revisión, por tanto, apenas comienza a mostrar sus resultados.
Lo que está por establecerse es si las alertas encontradas corresponden a fallas administrativas, decisiones justificadas, incumplimientos contractuales o, eventualmente, conductas que puedan tener relevancia fiscal o penal.
Por ahora, los señalamientos son materia de investigación y no constituyen condenas ni determinan responsabilidad individual.
