Entre el primero de enero y el 31 de julio de 2021 la Entidad ha recibido 32 declaraciones de desaparición forzada.
En la última década, la Defensoría del Pueblo recibió 9.631 declaraciones sobre desaparición forzada, siendo 2015 el año en el que la Entidad consignó más reportes de ese tipo (un total de 1.995 casos), así lo informó la Entidad al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un delito que afecta sensiblemente al país, a la región y al mundo.
Según las declaraciones que ha recibido la Defensoría del Pueblo en los últimos 10 años, los casos registran una caída en 2016, cuando se bajan a 674 luego de cuatro años en que los números de cada vigencia superaban los 1.550. Este año, entre el primero de enero y el 31 de julio, se recibieron 32 declaraciones de desaparición forzada. En los 12 meses de 2020 –cuando empezó la pandemia– la Defensoría del Pueblo reporta 87 casos.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recordó que en 2016 la Defensoría creó una Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas y desde entonces la Delegada ha asumido dos tareas de gran envergadura:1) acompañamiento psicojurídico a las víctimas, y 2) la recepción de las declaraciones de las personas que han sufrido algún tipo de victimización en el marco del conflicto armado interno desde el 1985 para su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), que administra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
“La desaparición forzada es un delito y una violación a los derechos humanos que merece la mayor atención del Estado. La Defensoría del Pueblo viene acompañando a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, que viven en la zozobra y en angustia por no tener noticias de sus seres queridos. Atender sus necesidades lleva a plantear el inmenso reto para la institucionalidad de buscar el restablecimiento de sus derechos”, aseguró Carlos Camargo.
Precisamente, en esa tarea la Defensoría está culminando un informe, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que analiza dos herramientas legales: Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y el Estatuto jurídico de las personas desaparecidas, que permita avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, las normas del Derecho Internacional Humanitario y atender la reciente promulgación de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas de la ONU por parte del Comité contra la Desaparición Forzada.
“Como Defensoría del Pueblo estamos comprometidos en desarrollar mecanismos para evitar que este delito se siga cometiendo y para mejorar los protocolos de atención a las víctimas y sus familiares. Un paso importante para ello es impulsar en el país los 16 principios de la ONU, para lo cual vamos a iniciar una campaña nacional de divulgación con el fin de que todas las entidades los conozcan y los cumplan”, concluyó el Defensor del Pueblo.
