La investigación busca esclarecer las denuncias sobre una presunta utilización de exjefes paramilitares para realizar señalamientos contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Los hechos se remontan a reuniones realizadas en octubre de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por los señalamientos relacionados con el denominado ‘Pacto de Valledupar’.
La decisión, conocida este martes 20 de octubre, busca establecer si los dos exfuncionarios tuvieron alguna participación o responsabilidad en los hechos denunciados sobre presuntos intentos de involucrar a antiguos jefes paramilitares en señalamientos contra dirigentes políticos durante la campaña presidencial de 2025.
El caso adquirió relevancia luego de que Rodríguez denunciara públicamente la supuesta existencia de una estrategia política que habría buscado afectar a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras mediante declaraciones de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las acusaciones son graves por lo que implicarían: la posible utilización de estructuras criminales y de espacios de diálogo con antiguos comandantes paramilitares para fines políticos. Sin embargo, hasta el momento, estos señalamientos deben entenderse como hechos bajo investigación y no como responsabilidades demostradas.
¿Qué ocurrió en las reuniones de Valledupar?
De acuerdo con las publicaciones periodísticas conocidas, entre el 21 y el 24 de octubre de 2025 se desarrollaron reuniones en Valledupar con la participación de once antiguos jefes paramilitares y representantes del Gobierno de Gustavo Petro.
Los encuentros tenían entre sus objetivos abordar asuntos relacionados con los compromisos derivados de los acuerdos de Santa Fe de Ralito, la reincorporación de antiguos combatientes, la reparación de las víctimas, la entrega de bienes y la situación jurídica de quienes permanecían privados de la libertad.
En esas reuniones participaron funcionarios y representantes del Ejecutivo, entre ellos Armando Benedetti y Angie Rodríguez. También se ha mencionado a Víctor de Currea-Lugo, entonces asesor presidencial, y a Jorge Arturo Lemus, vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia.
El punto más delicado surgió a partir de las versiones según las cuales durante los encuentros se habría solicitado a los excomandantes divulgar información relacionada con Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.
La pregunta que ahora deberán esclarecer las autoridades es si aquellas reuniones se mantuvieron dentro de los propósitos institucionales anunciados o si existieron actuaciones orientadas a utilizar las declaraciones de los antiguos paramilitares con objetivos políticos.
El abogado de Mancuso aporta nuevos detalles
El abogado Juan Carlos Villamizar, representante de Salvatore Mancuso, también se refirió a los encuentros y aseguró que dos delegados del Gobierno habrían solicitado a los antiguos comandantes hacer pública la información que tuvieran sobre los dirigentes mencionados.
Según su versión, varios de los exjefes paramilitares rechazaron la petición y argumentaron que durante años habían entregado información ante los tribunales de Justicia y Paz.
Villamizar sostuvo que no hubo un pacto formal ni ofrecimientos explícitos de beneficios a cambio de declaraciones. Esta precisión es importante porque diferencia la presunta solicitud de divulgar información de una eventual exigencia de formular acusaciones falsas, algo que tendría que probarse de manera independiente.
Por su parte, Mancuso difundió un video en el que también se refirió a las denuncias sobre las reuniones.
Estas versiones deberán ser contrastadas con los documentos, testimonios y demás elementos que recopilen las autoridades para establecer qué ocurrió realmente y cuál fue el propósito de los encuentros.
¿Qué busca establecer la Procuraduría?
La investigación disciplinaria tiene como finalidad esclarecer los hechos y determinar si existen elementos para atribuir alguna responsabilidad a los exfuncionarios señalados.
Entre los asuntos que deberán examinarse están el contenido de las reuniones, las instrucciones que pudieron impartirse, la participación de cada funcionario y la finalidad de los acercamientos con los antiguos jefes paramilitares.
También será fundamental determinar si hubo actuaciones contrarias a los deberes de la función pública y si se utilizaron recursos o mecanismos institucionales para propósitos diferentes de los oficialmente anunciados.
La apertura de la investigación no significa que Benedetti o Rodríguez hayan sido declarados responsables. Su eventual responsabilidad deberá establecerse dentro del procedimiento correspondiente, con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa.
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre política y paramilitarismo
El denominado ‘Pacto de Valledupar’ tiene una particular importancia para Colombia porque revive una discusión histórica sobre los vínculos entre estructuras paramilitares y sectores políticos, así como sobre el uso que puede hacerse de la información entregada por antiguos integrantes de organizaciones armadas.
La información que los excombatientes aporten a la justicia debe servir para esclarecer hechos, identificar responsabilidades y contribuir a la reparación de las víctimas. Cualquier intento de manipular testimonios o utilizarlos para perjudicar adversarios políticos, si llegara a comprobarse, representaría un asunto de enorme gravedad institucional.
Pero también es indispensable evitar que las denuncias se conviertan en condenas anticipadas. Las acusaciones deben ser investigadas con rigor, independientemente de quiénes sean los involucrados o de la posición política que ocupen.
La pregunta que queda en el aire
¿Se utilizaron las reuniones con antiguos jefes paramilitares para avanzar en compromisos de verdad, justicia y reparación, o hubo una intención adicional de obtener declaraciones con efectos electorales?
Esa es la pregunta central que las autoridades deberán resolver con pruebas y no únicamente a partir de versiones enfrentadas.
La Procuraduría tendrá que establecer si existieron faltas disciplinarias y, de encontrarse elementos que lo justifiquen, adoptar las decisiones correspondientes. Por otra parte, las eventuales conductas penales deberán ser examinadas por la Fiscalía dentro de sus competencias.
El país merece conocer qué ocurrió en Valledupar, quién impartió las instrucciones, con qué propósito se realizaron los encuentros y si se respetaron los límites legales de la actuación de los funcionarios públicos.
