El Congreso cuestiona al jefe de la cartera de Defensa mientras la Fuerza Pública enfrenta a las estructuras criminales en las calles
Una pregunta empieza a tomar fuerza en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta Santa Marta y buena parte del Magdalena: ¿era este el momento para concentrar al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, en una moción de censura en el Congreso?
Este martes 22 de septiembre, mientras Santa Marta vivía una jornada marcada por amenazas, cierres de establecimientos, afectaciones al transporte y un fuerte despliegue de la Fuerza Pública, el ministro permanecía en el Capitolio respondiendo una moción de censura promovida por 19 representantes a la Cámara, en su mayoría integrantes del Pacto Histórico.
La iniciativa surgió a raíz de la operación militar realizada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, en la que murieron tres menores que, según las autoridades, habían sido reclutados por una estructura armada ilegal. Los congresistas buscan establecer qué información de inteligencia existía y cuáles fueron las decisiones adoptadas antes de la operación.
El control político es una herramienta constitucional del Congreso y el caso merece respuestas. Pero la discusión política plantea otra pregunta que no puede ignorarse: ¿cómo equilibrar ese control con las necesidades inmediatas de seguridad de regiones que hoy enfrentan directamente a las organizaciones criminales?
Santa Marta reclama presencia y decisiones
La pregunta cobra mayor relevancia por lo ocurrido durante las últimas horas en Santa Marta.
Tras la operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en la que murieron siete integrantes de esa estructura, entre ellos alias ‘Cholo’, se registraron bloqueos, quema de vehículos, amenazas contra comerciantes y afectaciones al transporte.
Incluso se reportaron establecimientos comerciales obligados a cerrar y conductores que habrían recibido amenazas para suspender sus actividades. Las autoridades desplegaron operativos y reforzaron la presencia policial y militar.
La situación llevó además al Distrito a restringir la circulación de motocicletas hasta el 24 de septiembre y a adoptar otras medidas de seguridad.
En ese escenario, el debate nacional debería preguntarse si el principal responsable de la política de seguridad del país debe tener todas sus capacidades concentradas en responder políticamente ante el Congreso mientras una ciudad enfrenta una situación de alta tensión.
¿Qué pasó con la llamada ‘Paz Total’?
Otro asunto merece entrar en la discusión: el balance de la política de ‘Paz Total’ implementada durante el Gobierno anterior.
Desde sectores críticos de esa política se ha sostenido que las negociaciones y ceses del fuego terminaron otorgando espacio de maniobra a organizaciones armadas y limitaron la capacidad ofensiva de la Fuerza Pública.
Esa es una interpretación política que debe contrastarse con cifras y resultados oficiales. Lo que sí resulta legítimo preguntarse es si el Estado aprendió las lecciones de ese período y si ahora existe una política de seguridad capaz de recuperar el control territorial sin abandonar las obligaciones constitucionales y humanitarias.
Hoy el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha optado por una postura de mayor presión operacional contra las organizaciones armadas. La operación contra las ACSN en el Magdalena es uno de los ejemplos más recientes de esa estrategia.
Y aquí aparece la paradoja:
cuando la Fuerza Pública permanece pasiva, se le cuestiona por falta de resultados; cuando actúa contra las estructuras criminales, aparecen fuertes cuestionamientos políticos y judiciales sobre sus operaciones.
La discusión debería ser mucho más profunda.
¿Control político o interferencia en la estrategia de seguridad?
El Congreso tiene todo el derecho de ejercer control político sobre el Gobierno. Y el ministro debe responder por las decisiones que estén bajo su responsabilidad.
Pero también es legítimo preguntar si una sucesión de debates, mociones y cuestionamientos puede terminar afectando la capacidad del Ministerio de Defensa para conducir una política de seguridad en momentos en que diferentes regiones enfrentan amenazas de organizaciones armadas.
La pregunta no es si el ministro debe rendir cuentas.
La pregunta es si el control político debe convertirse en un obstáculo para que las Fuerzas Militares y la Policía cumplan su misión constitucional.
Y esa discusión cobra especial importancia cuando las autoridades están intentando recuperar el control de territorios donde durante años las organizaciones criminales han impuesto sus propias reglas.
El debate que Colombia necesita
Más que una confrontación entre Gobierno y oposición, Colombia necesita respuestas.
¿Funcionó la estrategia de seguridad de los últimos cuatro años?
¿Se fortalecieron o se debilitaron las organizaciones armadas?
¿Se recuperó el control territorial?
¿La Fuerza Pública contó con las herramientas necesarias para enfrentar a los grupos ilegales?
¿Y cómo garantizar operaciones contundentes sin vulnerar los derechos de la población civil?
Son preguntas que deberían discutirse con cifras, documentos oficiales, resultados operacionales y decisiones judiciales, no solamente con discursos políticos.
Mientras el Congreso debate la permanencia del ministro de Defensa, Santa Marta y otras regiones están reclamando seguridad en las calles.
El país necesita control político, sí.
Pero también necesita que quienes tienen la responsabilidad constitucional de enfrentar a las organizaciones criminales puedan ejercer sus funciones con claridad, dentro de la ley y con controles efectivos.
Porque mientras Bogotá discute, en las regiones los ciudadanos son quienes sienten directamente el impacto de la violencia.
