El fallo que ordena el regreso de la coronel Diana Constanza Torres Castellanos reabre el debate sobre los procedimientos utilizados para retirar a oficiales de la Fuerza Pública durante la administración de Gustavo Petro. La decisión se conoce mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la revisión de algunos de esos casos y enfrenta el reto de cumplir una de sus principales promesas de campaña.
El debate sobre el retiro de oficiales de la Fuerza Pública durante el gobierno de Gustavo Petro vuelve a tomar fuerza después de que el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá ordenara reintegrar a la coronel de la Policía Diana Constanza Torres Castellanos, cuyo retiro se produjo en febrero de 2025.
La decisión judicial declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue retirada y ordenó su reincorporación al grado de coronel, además del reconocimiento de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir.
El fallo, sin embargo, todavía no está en firme, pues las partes presentaron recursos de apelación.
Un caso que trasciende a una sola coronel
El caso de Torres Castellanos adquiere especial relevancia porque su salida se produjo dentro de un proceso en el que fueron considerados 100 oficiales de la Policía para retiro.
Según el acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, la sesión del 17 de febrero de 2025 comenzó a las 11:16 de la mañana y terminó a las 12:00 del mediodía. Es decir, 44 minutos para analizar los casos de los 100 uniformados.
Esto equivale, en promedio, a unos 26 segundos por oficial.
El fallo que favorece a Torres no significa que automáticamente los otros 99 retiros sean ilegales. Cada caso tendría que ser analizado individualmente. Pero la decisión sí abre una pregunta de fondo: ¿fueron utilizados los mismos criterios y procedimientos para retirar a otros oficiales?
La promesa de De la Espriella
El asunto también toca directamente una de las promesas que Abelardo de la Espriella hizo durante su campaña presidencial.
El entonces candidato aseguró que aquellos integrantes de la Fuerza Pública que hubieran sido retirados por razones ideológicas o por defender la Constitución y la ley serían revisados y, cuando correspondiera, reintegrados.
En una declaración durante la campaña fue contundente al referirse a militares y policías que recibieran órdenes que consideraran ilegales o inconstitucionales:
“Si los sacan de sus cargos, cuenten con el compromiso mío de que los voy a reintegrar”.
Posteriormente, su equipo de Gobierno anunció que los casos serían estudiados uno por uno y hoja de vida por hoja de vida.
El entonces designado ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, confirmó que se estaba realizando una revisión de los motivos y circunstancias de los retiros ocurridos durante el gobierno Petro y reconoció que, a juicio del nuevo Gobierno, existían casos que debían ser revisados.
Erick Rodríguez, el primer gran símbolo de la promesa
Uno de los casos más emblemáticos fue el del general Erick Rodríguez Aparicio, quien había salido del servicio activo durante el gobierno Petro.
Rodríguez regresó posteriormente a la institución por decisión del nuevo Gobierno y fue designado comandante general de las Fuerzas Militares.
Su regreso fue presentado como una señal del cumplimiento de la promesa de De la Espriella de recuperar a oficiales retirados durante la administración anterior.
También fue anunciado el regreso del general Óscar Leonel Murillo, quien fue designado en la Escuela Superior de Guerra.
Pero el universo de oficiales retirados es mucho mayor.
¿Cuántos podrían regresar?
Una investigación publicada por El País señaló que durante los primeros años del gobierno Petro 16.384 militares dejaron la institución, aunque la gran mayoría correspondió a retiros voluntarios o por cumplimiento del tiempo de servicio.
Según esa información, 513 militares fueron llamados a calificar servicios, una modalidad que sí corresponde a una decisión institucional de retiro.
Por eso, una de las grandes dificultades del Gobierno actual es determinar quiénes realmente fueron retirados por decisiones atribuibles al Ejecutivo y cuáles salieron por otras circunstancias.
De la Espriella habló durante la campaña de revisar caso por caso a más de 50 oficiales que, según su planteamiento, habrían sido retirados por razones ideológicas.
Ahora el turno es para la revisión
El fallo a favor de la coronel Torres no ordena el reintegro de los otros oficiales retirados durante el gobierno Petro.
Pero sí coloca nuevamente el tema sobre la mesa.
La pregunta ahora es si el Gobierno de De la Espriella avanzará en una revisión integral de esos casos y cuáles serán los criterios utilizados para determinar quiénes deben regresar a las filas y quiénes no.
La discusión tampoco es exclusivamente política. Tiene una dimensión jurídica: cada retiro debe cumplir las normas que regulan la carrera de los oficiales y respetar las garantías correspondientes.
En el caso de Torres Castellanos, precisamente, el juez encontró que el fundamento normativo utilizado para justificar su retiro no podía aplicarse a su situación.
Por ahora, la coronel tiene una sentencia favorable de primera instancia, mientras que otros oficiales continúan esperando que sus casos sean revisados.
La promesa presidencial de “revisar caso por caso” comienza así a enfrentarse con una realidad mucho más compleja: miles de uniformados que salieron de las Fuerzas Armadas por diferentes razones, procesos judiciales en curso y una estructura militar en la que el regreso de oficiales retirados también puede tener consecuencias sobre la carrera y los ascensos de quienes permanecieron activos.
El caso de la coronel Torres podría terminar siendo mucho más que una disputa individual: puede convertirse en una nueva prueba para determinar hasta dónde llegará la revisión prometida por el Gobierno y si otros oficiales encontrarán también en los tribunales el camino para regresar a la Fuerza Pública.
