La decisión fue adoptada por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá dentro de una acción de tutela que cuestiona la difusión de imágenes explícitas en las redes oficiales del Gobierno.
Bogotá. El Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ocultar temporalmente dos publicaciones difundidas desde la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram, en las que aparecen imágenes explícitas de cadáveres tras operaciones militares realizadas en el país.
La decisión judicial se produjo dentro de una acción de tutela promovida por el congresista Santiago Osorio Marín, quien solicitó la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la exposición a este tipo de material.
De acuerdo con la información conocida sobre la decisión, las publicaciones cuestionadas fueron difundidas los días 2 y 4 de septiembre de 2026 y están relacionadas con las operaciones militares ‘Azarías’, desarrollada en Miraflores, Guaviare, y ‘Centinela de la Patria’, en La Guajira.
La orden es temporal
El despacho judicial no ordenó, por ahora, la eliminación definitiva del material. La medida consiste en ocultar las publicaciones mientras se estudia de fondo la tutela y se determina si la difusión de las imágenes pudo vulnerar derechos fundamentales.
El DAPRE tendría un plazo de un día contado a partir de la notificación de la decisión para restringir el acceso público a las publicaciones señaladas.
El juzgado fundamentó la medida provisional en la necesidad de evitar un eventual perjuicio mientras avanza el proceso judicial, particularmente frente a la protección de los menores de edad.
Protección de niños y adolescentes, el eje de la tutela
Uno de los aspectos centrales de la controversia es el posible impacto psicológico que podría generar en niños, niñas y adolescentes la exposición a imágenes explícitas de violencia y cadáveres difundidas a través de una cuenta institucional de amplia circulación.
La decisión hace referencia al artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, que establece la protección de los menores frente a acciones o conductas que puedan ocasionarles daño o sufrimiento psicológico.
El proceso también vinculó a otras entidades y actores relacionados con la difusión y regulación del contenido, entre ellos Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio TIC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Un nuevo debate sobre la comunicación del Gobierno
La decisión judicial abre además una discusión sobre los límites de la comunicación institucional durante las operaciones contra grupos armados.
Las imágenes habían generado controversia desde su difusión. La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó previamente la manera en que fueron presentados los cuerpos de personas muertas durante operaciones militares y pidió respeto por la dignidad de los fallecidos.
El Gobierno, por su parte, ha defendido su política de mostrar los resultados de las operaciones de seguridad como parte de su estrategia de comunicación frente a la lucha contra las organizaciones armadas.
La controversia ahora llegó a los estrados judiciales.
La orden conocida este miércoles es provisional. El juzgado deberá continuar con el estudio de la acción de tutela y posteriormente determinar si existió o no una vulneración de derechos fundamentales.
Mientras tanto, la Presidencia y el DAPRE deberán acatar la medida de ocultamiento de las publicaciones en los términos establecidos por el despacho judicial.
El caso pone nuevamente sobre la mesa una pregunta que tendrá que ser resuelta por la justicia: ¿hasta dónde puede llegar la comunicación oficial del Estado al mostrar los resultados de sus operaciones militares cuando las imágenes pueden quedar al alcance de niños, niñas y adolescentes?
