La exfuncionaria aceptó su responsabilidad en el caso que puso bajo la lupa la obtención de sus títulos de la Fundación Universitaria San José. El acuerdo contempla beneficios, pero deberá ser avalado por un juez.
Bogotá. El caso de Juliana Andrea Guerrero Jiménez dio este miércoles un nuevo giro. La exfuncionaria aceptó su responsabilidad dentro del proceso penal relacionado con la presentación y utilización de títulos académicos cuestionados y suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
La decisión se conoció durante la audiencia realizada este 9 de septiembre, en la que Guerrero reconoció su responsabilidad y manifestó su arrepentimiento. El acuerdo deberá ser revisado por un juez, quien tendrá que determinar si cumple los requisitos legales antes de que pueda quedar en firme.
Los títulos que terminaron en el centro del escándalo
La investigación de la Fiscalía se originó por dos diplomas atribuidos a la Fundación Universitaria San José, correspondientes a los títulos de profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
De acuerdo con la investigación, los documentos fueron expedidos el 1 de julio de 2025, pese a que Guerrero no habría cumplido los requisitos académicos necesarios para obtenerlos.
La Fiscalía estableció además que en los registros académicos aparecía información relacionada con la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, así como registros de asistencia y otros requisitos que, según el ente investigador, no correspondían con la realidad.
El expediente señala que los validadores técnicos de la institución inicialmente rechazaron la solicitud de grado. Sin embargo, posteriormente se habría autorizado manualmente la expedición de los diplomas.
Uno de los puntos centrales de la investigación es que los títulos no habrían quedado simplemente como documentos académicos, sino que fueron utilizados en trámites oficiales.
Según la Fiscalía, Guerrero incorporó información relacionada con su formación académica en el SIGEP, plataforma utilizada para registrar las hojas de vida de servidores públicos, y presentó documentación ante entidades del Estado.
La investigación relacionó estos documentos con su aspiración a ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes, durante el anterior Gobierno nacional.
Guerrero también ocupó cargos y posiciones dentro de distintas entidades estatales, lo que convirtió el caso en un escándalo político y administrativo.Juliana Guerrero fue condenada a tres años por los títulos falsos con los que aspiró a ser viceministra
Los documentos fueron utilizados para acceder a cargos públicos
El caso de Juliana Andrea Guerrero Jiménez terminó con una condena judicial. El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación y la condenó a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, por el delito de fraude procesal en modalidad dolosa.
La sentencia también contempla una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y medio, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.
Sin embargo, Guerrero no tendrá que cumplir la pena en una cárcel, debido a que el juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, bajo las condiciones establecidas en la sentencia.
Guerrero también manifestó públicamente su arrepentimiento y pidió perdón al país, a su familia, a los jóvenes y a la institución universitaria involucrada en el caso.
El juez fue contundente
Durante la audiencia, el juez cuestionó la gravedad de la conducta y señaló que no se trataba simplemente de un error.
El despacho consideró que la utilización de documentos para acreditar una condición académica que no se tenía afectó de manera grave el ordenamiento jurídico, especialmente porque Guerrero pretendía acceder a un cargo de alta responsabilidad dentro del Estado.
El juez concluyó que el preacuerdo cumplía los requisitos legales y que la reducción de la pena estaba justificada por la aceptación de responsabilidad.
Pero el caso no termina aquí
Uno de los hechos más relevantes de la audiencia fue la decisión del juez de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Guerrero por una posible comisión del delito de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora.
Según explicó el despacho, los documentos cuestionados habrían servido como instrumento para cometer el fraude procesal relacionado con la acreditación de los requisitos para aspirar al cargo público.
Esto significa que, aunque Guerrero ya fue condenada por fraude procesal dentro de este proceso, la justicia podría abrir una nueva investigación por una conducta diferente.
El caso de Juliana Guerrero vuelve a generar interrogantes sobre los mecanismos utilizados por las entidades del Estado para verificar los títulos, experiencia y demás requisitos de quienes son postulados o designados en cargos públicos.
La joven, que llegó a ocupar posiciones dentro del Gobierno nacional y estuvo cerca de importantes círculos de poder político, terminó reconociendo ante un juez que utilizó documentación académica para poder aspirar a un cargo para el cual debía acreditar determinados requisitos.
La condena representa un nuevo capítulo de uno de los escándalos que más cuestionamientos generó alrededor de la selección de funcionarios durante el anterior Gobierno.
Ahora, además de cumplir las condiciones de la condena, Guerrero deberá enfrentar la nueva investigación que podría abrirse a partir de la compulsa de copias ordenada por el juez.
El Espacio Noticias seguirá el proceso judicial y las nuevas investigaciones que puedan derivarse de este caso.
Un segundo implicado ya fue condenado
El caso también alcanzó a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñó como secretario general de la Fundación Universitaria San José.
Gutiérrez reconoció ante la Fiscalía su participación en la expedición de los diplomas y aceptó responsabilidad por falsedad ideológica en documento público.
Posteriormente, un juez lo condenó a 36 meses de prisión, aunque le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena bajo las condiciones establecidas por la justicia.
Según la Fiscalía, Gutiérrez habría utilizado las facultades que tenía dentro del sistema de la institución para autorizar la expedición de los documentos académicos.
Con la aceptación de responsabilidad de Guerrero, el proceso entra en una nueva etapa.
El preacuerdo alcanzado con la Fiscalía no equivale por sí solo a una condena definitiva. El juez deberá estudiar el contenido del acuerdo y determinar si cumple con las exigencias legales.
El caso, sin embargo, deja abiertas otras preguntas sobre los controles utilizados para verificar las hojas de vida y títulos académicos de quienes llegaron a ocupar cargos dentro del Estado.
Además, la Fiscalía continúa revisando si las irregularidades relacionadas con la Fundación San José pudieron involucrar a otras personas.
El escándalo que comenzó con unos títulos universitarios terminó convirtiéndose en una investigación penal que ahora tiene a una exfuncionaria reconociendo responsabilidad ante la justicia.
