Ana María Vesga reveló graves hallazgos fiscales y administrativos tras asumir el Ministerio de Salud. También llevó a la Fiscalía un audio en el que, según su denuncia, se habla de cobrar un porcentaje en su nombre y el de su equipo. La revisión alcanza proyectos por más de $490.000 millones.
Una crisis de grandes proporciones encontró la nueva administración del Ministerio de Salud al iniciar la revisión de las cuentas, contratos y proyectos heredados de la anterior administración.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que recibió la cartera con “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas” y anunció una revisión integral de los recursos públicos destinados al sector.
Uno de los principales hallazgos tiene que ver con $2,9 billones que aparecían comprometidos, pero que todavía no se habían convertido en obligaciones y pagos efectivos.
De acuerdo con las cifras entregadas por la ministra, en agosto de 2026 el principal rubro de estas asignaciones tenía una apropiación de $4,4 billones. De ese monto, $4,3 billones aparecían comprometidos, mientras apenas $1,3 billones habían sido obligados y pagados.
La diferencia, cercana a los $2,9 billones, será sometida a una revisión detallada.
La cifra, por sí sola, no significa que el dinero haya desaparecido ni demuestra la existencia de un delito. Se trata de recursos que figuraban como comprometidos pero cuya ejecución no había avanzado hasta la etapa de obligación y pago. Precisamente por eso, la nueva administración decidió revisar cada expediente.
176 proyectos bajo la lupa
La revisión también alcanzó 28 resoluciones que comprendían 176 proyectos por más de $490.000 millones.
Según la ministra, 108 proyectos, por aproximadamente $365.000 millones, todavía no contaban con registro presupuestal. Cerca del 83 % de ese valor correspondía a obras de infraestructura.
Ante este panorama, Vesga ordenó suspender temporalmente nuevos procesos de contratación, nuevos contratos y convenios, contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de contratos vigentes.
Las excepciones deberán estar debidamente justificadas y contar con autorización previa del despacho de la ministra.
La decisión, explicó Vesga, busca establecer primero qué recursos tienen soporte, cuáles compromisos son válidos y cuáles deben ser revisados.
Un audio que llegó a la Fiscalía
Pero la revisión financiera derivó además en una denuncia penal.
La ministra reveló que conoció una grabación en la que se habla de la gestión de recursos y pagos del Ministerio y en la que aparece mencionado su nombre.
Según Vesga, en la conversación uno de los participantes habla de reconocer un porcentaje para la ministra y otro para su equipo, para un total del 8 %.
La denuncia conocida públicamente señala incluso una supuesta distribución del porcentaje y menciona contactos con funcionarios relacionados con el área de infraestructura.
Vesga fue categórica al negar cualquier participación:
“Jamás hemos solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en mi nombre o de alguien del Ministerio”.
La ministra aseguró que quien haya utilizado su nombre para pedir dinero o negociar recursos públicos tendrá que responder ante la justicia.
La Fiscalía tendrá que determinar qué hay detrás del audio
Vesga informó que el 5 de septiembre presentó personalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables por la posible comisión de delitos contra la administración pública.
El audio fue entregado a las autoridades para establecer su autenticidad, identificar a los participantes y determinar su eventual valor probatorio.
Por ahora, es fundamental precisar que la grabación no demuestra por sí misma que se haya producido un cobro ni que los funcionarios mencionados hayan participado en una conducta ilegal. Esa es precisamente una de las tareas que deberá establecer la investigación penal.
La Fiscalía tendrá que determinar quiénes aparecen en la conversación, qué relación tenían con los proyectos y recursos mencionados y si existió algún intento de solicitar dinero a cambio de gestionar recursos públicos.
Las ambulancias: una vieja controversia que vuelve a quedar bajo la lupa
A estos interrogantes se suma otro capítulo que merece ser revisado: la utilización de ambulancias previamente entregadas en actos oficiales presentados posteriormente como nuevas entregas.
En 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, se produjo una controversia en Antioquia alrededor de la presentación de ambulancias como nuevas. Los alcaldes de Jericó, Amagá y Cocorná aseguraron que algunos de esos vehículos ya habían sido entregados a sus municipios en 2023.
El alcalde de Jericó, por ejemplo, afirmó que la ambulancia de su municipio había sido entregada en 2023 y no en 2025. El alcalde de Amagá también aseguró que el vehículo había sido entregado previamente.
La polémica llegó incluso a las redes sociales del entonces presidente Gustavo Petro, quien defendió la entrega y mostró registros de las placas y modelos de los vehículos.
Según una verificación publicada por El Colombiano, el valor total de esas ambulancias ascendió a $8.266 millones, con aportes tanto de la Gobernación de Antioquia como del Ministerio de Salud.
Algo similar ocurrió en Santander en junio de 2025. Allí se realizó un acto oficial para presentar la entrega de 11 ambulancias, pero surgieron cuestionamientos porque algunas ya estaban en funcionamiento. Una de las instituciones beneficiadas confirmó que había recibido su ambulancia semanas antes del acto oficial.
El Ministerio de Salud sostuvo entonces que las ambulancias estaban destinadas a prestar servicio a las comunidades y que habían sido adquiridas en años anteriores.
¿Qué debería revisar ahora el Ministerio?
Los anuncios de la ministra Ana María Vesga abren además otro frente que merece una revisión documental: la trazabilidad de las ambulancias financiadas con recursos públicos durante la anterior administración.
La pregunta no es solamente cuántas ambulancias fueron compradas, sino qué ocurrió con cada una de ellas desde el momento en que se apropiaron los recursos hasta su entrega y entrada en funcionamiento.
El Ministerio debería reconstruir esa historia vehículo por vehículo y establecer, entre otros aspectos:
¿Cuántas ambulancias fueron realmente adquiridas y con qué recursos? La revisión debe identificar las resoluciones, contratos, convenios y fuentes de financiación que respaldaron cada compra.
¿Cuándo fueron compradas, cuándo fueron entregadas y cuándo comenzaron a prestar servicio? Las fechas permitirían determinar si hubo vehículos presentados posteriormente en actos oficiales como nuevas entregas, pese a haber sido asignados o puestos en servicio con anterioridad.
¿A qué municipio y a qué hospital fueron destinadas? Cada ambulancia debería poder ser rastreada hasta la institución beneficiaria, con su respectiva documentación de entrega y recibo.
¿Coinciden las placas, el modelo y el año de fabricación con lo reportado en los documentos oficiales? Este punto resulta fundamental para establecer la identidad y antigüedad de los vehículos.
¿Quién las vendió y cuánto se pagó por cada una? La investigación debería cruzar los contratos con las facturas, órdenes de compra, registros de proveedores y precios de mercado.
¿Una misma ambulancia apareció en más de una entrega oficial?
La trazabilidad de las placas, fotografías, fechas y actas de entrega permitiría establecer si un mismo vehículo fue utilizado en diferentes ceremonias o si ambulancias previamente asignadas fueron nuevamente presentadas como parte de nuevos anuncios institucionales.
También debería determinarse si los vehículos sufrieron cambios de imagen, rotulación, adecuaciones o modificaciones antes de ser exhibidos públicamente, y quién autorizó esos trabajos.
Y hay otro punto que no puede quedar por fuera: ¿los hospitales y municipios entregaron temporalmente sus ambulancias para participar en ceremonias oficiales?
Si esto ocurrió, habría que establecer quién tomó la decisión, durante cuánto tiempo estuvieron fuera de servicio y si esa situación afectó la capacidad de atención de los hospitales.
Más allá de las versiones políticas, una auditoría seria debería cruzar resoluciones, contratos, registros presupuestales, facturas, placas, fotografías, actas de entrega, inventarios hospitalarios y registros de mantenimiento.
Con ese cruce será posible determinar si se trató simplemente de actos protocolarios alrededor de vehículos adquiridos con anterioridad o si existieron inconsistencias en la forma como fueron reportadas, financiadas y entregadas las ambulancias.
La revisión cobra especial importancia después de que la ministra Vesga anunciara que su despacho está dispuesto a revisar cada peso comprometido y cada proyecto heredado.
La pregunta de fondo es sencilla: dónde está cada ambulancia, cuánto costó, quién la compró, quién la recibió y cuántas veces fue presentada como una nueva entrega.
