Luis Carlos Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad y recibió una condena de 36 meses de prisión. La decisión se deriva del caso de los títulos académicos que Juliana Guerrero presentó para aspirar a un cargo en el Gobierno Petro.
Bogotá, 20 de agosto de 2026. La justicia colombiana emitió la primera condena penal relacionada con el escándalo de los títulos académicos atribuidos a Juliana Andrea Guerrero Jiménez.
Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien aceptó su participación en la expedición irregular de documentos académicos.
Gutiérrez fue condenado a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, por el delito de falsedad ideológica en documento público. En el preacuerdo, su participación fue establecida como la de un cómplice.
¿Qué estableció la Fiscalía?
De acuerdo con la investigación, Gutiérrez utilizó las facultades que tenía dentro de la institución educativa para suscribir, autorizar y emitir dos diplomas y sus respectivas actas de grado a nombre de Guerrero.
Los documentos certificaban que la joven había cumplido los requisitos para obtener los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
La Fiscalía sostuvo que esa información no correspondía con la realidad y que en el sistema académico de la institución se registraron datos que permitieron certificar el supuesto cumplimiento de requisitos académicos y legales.
Los títulos que terminaron en el centro de la polémica
Los documentos cuestionados adquirieron especial relevancia porque Guerrero los presentó en el contexto de su aspiración a convertirse en viceministra de las Juventudes durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.
Las irregularidades detectadas alrededor de los títulos terminaron frustrando su llegada al cargo y posteriormente desencadenaron una investigación penal.
También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos
Además de los 36 meses de prisión, el acuerdo avalado judicialmente contempla una inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 44 meses.
La condena representa un nuevo capítulo en un caso que ha generado cuestionamientos sobre los controles utilizados para verificar títulos académicos y sobre la manera en que documentos presuntamente irregulares pudieron ser utilizados dentro de un proceso de selección para un alto cargo público.
¿Y qué pasa con Juliana Guerrero?
La condena de Gutiérrez no equivale a una condena contra Juliana Guerrero. Su situación jurídica es independiente.
La Fiscalía adelanta un proceso en su contra relacionado con el uso de los documentos y la presunta comisión de fraude procesal. Este 20 de agosto estaba prevista una diligencia judicial dentro de su proceso, pero Guerrero no asistió y su defensa solicitó el aplazamiento.
Así, mientras el exsecretario de la Fundación Universitaria San José ya recibió una condena tras aceptar su responsabilidad, el proceso contra Guerrero continúa y deberá ser la justicia la que determine su responsabilidad penal.
El caso deja, por ahora, una primera condena y una pregunta de fondo: cómo fue posible que documentos académicos cuestionados llegaran a ser utilizados para acreditar los requisitos de una persona que aspiraba a ocupar un alto cargo dentro del Estado.
