El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Álvaro Hernán Prada Ortiz, respondió a los cuestionamientos surgidos en torno al proceso de escrutinios de la elección presidencial y defendió la labor que adelantan las comisiones encargadas de consolidar los resultados oficiales.
Durante su intervención, el magistrado rechazó los señalamientos de un supuesto fraude electoral y afirmó que las acusaciones sin sustento pueden afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema democrático.
Ortiz aseguró que las comisiones escrutadoras están conformadas por funcionarios que ejercen sus funciones con autonomía e independencia, tomando decisiones con base en las pruebas, las actas electorales y las normas que regulan el proceso.
«Las comisiones escrutadoras no responden a intereses políticos. Su misión es garantizar que cada voto sea revisado y contabilizado conforme a la ley», señaló el presidente del CNE.
Defensa de la institucionalidad
El magistrado explicó que los escrutinios son la fase legal en la que se verifican los resultados preliminares entregados el día de las elecciones, se estudian las reclamaciones presentadas por los partidos y se adoptan las decisiones necesarias antes de declarar oficialmente al presidente electo.
En ese sentido, hizo un llamado a respetar la institucionalidad electoral y permitir que el proceso concluya conforme a los tiempos establecidos por la ley, sin presiones externas que puedan interferir en el trabajo de las autoridades competentes.
Un mensaje en medio de la tensión política
Las declaraciones del presidente del CNE llegan en un momento de alta polarización, marcado por denuncias, cuestionamientos y pronunciamientos de distintos sectores políticos sobre el desarrollo de los escrutinios.
Frente a este escenario, Ortiz insistió en que Colombia cuenta con mecanismos legales para resolver cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral y recordó que las diferencias deben tramitarse por las vías institucionales.
Finalmente, reiteró que el Consejo Nacional Electoral mantendrá las garantías para todos los actores políticos y continuará supervisando el proceso hasta la expedición de los resultados oficiales, insistiendo en que la legitimidad de las elecciones depende del respeto por las instituciones y por el Estado de derecho.
