La política migratoria del presidente Donald Trump obtuvo una de sus victorias judiciales más importantes desde su regreso a la Casa Blanca. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves al Gobierno avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 haitianos y unos 6.000 ciudadanos sirios, una decisión que podría tener efectos sobre otros programas de protección migratoria, incluido el de los venezolanos.
El fallo fue aprobado por seis magistrados contra tres, gracias a la mayoría conservadora del alto tribunal, que consideró que la decisión de mantener o retirar el TPS corresponde al Poder Ejecutivo y que, en términos generales, los jueces no pueden revisar ese tipo de determinaciones administrativas.
El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 para proteger de la deportación a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias. Mientras el beneficio permanece vigente, los beneficiarios pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque el programa no otorga residencia permanente ni ciudadanía.
Con esta decisión, la administración Trump podrá iniciar el proceso para retirar esa protección a miles de haitianos y sirios, quienes, una vez finalicen los procedimientos administrativos, perderán su autorización de trabajo y podrían quedar expuestos a procesos de deportación si no cuentan con otro estatus migratorio.
La medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que sostienen que tanto Haití como Siria continúan enfrentando graves crisis de seguridad y condiciones humanitarias que hacen riesgoso el retorno de sus ciudadanos. También advierten que muchas de las personas protegidas llevan años viviendo en Estados Unidos, tienen empleo, familias e hijos nacidos en ese país.
Aunque la sentencia se refiere específicamente a ciudadanos haitianos y sirios, expertos consideran que el precedente fortalece la posición del Gobierno de Trump en otros litigios relacionados con el TPS. Entre ellos se encuentran los procesos que involucran a cientos de miles de venezolanos beneficiarios de ese mismo programa, cuyo futuro continúa siendo objeto de disputas judiciales.
La decisión representa un nuevo endurecimiento de la política migratoria estadounidense y consolida la facultad del Gobierno federal para modificar programas de protección temporal, una postura que probablemente seguirá generando fuertes debates políticos y legales en los próximos meses.
