La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación señala que el mandatario habría exigido dinero y otros beneficios económicos a cambio de facilitar la ampliación de una licencia de construcción en el municipio boyacense.
Según la Fiscalía, los hechos se remontan al 8 de junio de 2025, cuando presuntamente el alcalde solicitó a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona específica para asesorar y gestionar permisos y requerimientos administrativos relacionados con el proyecto urbanístico.
Posteriormente, Gamboa Chaparro habría pedido incrementar el salario de dicha persona, quien trabajó durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
La investigación también establece que el 4 de marzo de 2026 el alcalde, presuntamente mediante mensajes de voz, solicitó a la empresaria 112 millones de pesos, suma que correspondería al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Sin embargo, más adelante habría desistido de esa exigencia durante una llamada telefónica.
Dos días después, el 6 de marzo, el mandatario expidió una resolución que, según la Fiscalía, habría representado una retaliación ante la negativa de la empresaria de acceder a las supuestas peticiones económicas. El ente investigador sostuvo que esta actuación podría configurar una desviación de poder y un posible conflicto de intereses.
Como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción. Además, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos a los representantes del proyecto inmobiliario.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde los delitos de concusión y prevaricato por acción. Los cargos no fueron aceptados por el mandatario.
La Fiscalía indicó que el proceso continuará mientras avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes dentro de este caso de presunta corrupción administrativa.
