La violencia volvió a golpear con fuerza al suroccidente colombiano. Un nuevo atentado en el municipio de Cajibío dejó varias personas muertas y profundizó la sensación de inseguridad en el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el recrudecimiento del conflicto armado.
El ataque se registró en la vía Panamericana, corredor estratégico que conecta el suroccidente del país. Según información preliminar, los responsables habrían atravesado un vehículo de carga para obstaculizar el paso y, posteriormente, activar un artefacto explosivo al momento de la llegada de unidades de la fuerza pública. La acción violenta no solo afectó a uniformados, sino que también dejó víctimas civiles, en un hecho que vuelve a evidenciar la degradación del conflicto en esta zona del país.
Aunque las autoridades aún no entregan un balance definitivo, versiones iniciales hablan de varios fallecidos y heridos, lo que ha generado una rápida reacción de organismos de seguridad y de atención de emergencias. La zona permanece acordonada mientras avanzan las labores de inspección y verificación.
Este atentado no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el Cauca ha sido escenario de una seguidilla de ataques con explosivos, hostigamientos y acciones armadas coordinadas. Municipios como Timbío, Suárez y la misma Cajibío han registrado hechos similares, muchos de ellos dirigidos contra la fuerza pública, pero con consecuencias directas sobre la población civil.
Detrás de esta escalada estarían estructuras disidentes de las antiguas FARC, que mantienen una fuerte presencia en el departamento y disputan el control de corredores estratégicos para economías ilegales, especialmente el narcotráfico. El uso de explosivos improvisados, cilindros bomba y, más recientemente, drones adaptados para ataques, evidencia una evolución en sus capacidades operativas.
La situación también ha encendido las alarmas en ciudades cercanas como Cali, donde recientemente se frustró un atentado contra instalaciones militares. Este tipo de hechos sugiere que la violencia ya no se limita a zonas rurales, sino que empieza a proyectarse hacia entornos urbanos, aumentando el riesgo para la población.
Más allá del impacto inmediato, lo ocurrido en Cajibío refleja una crisis de seguridad en expansión. La persistencia de grupos armados ilegales, la débil presencia institucional en algunas zonas y la disputa por rentas ilícitas configuran un escenario complejo que pone en entredicho la capacidad del Estado para contener la violencia en el suroccidente del país.
Mientras se conocen más detalles del atentado, la incertidumbre crece entre las comunidades, que una vez más quedan en medio de un conflicto que se intensifica y que, lejos de disminuir, parece estar entrando en una nueva fase de mayor agresividad.
