Los principales gremios de la vigilancia y seguridad privada en Colombia lanzaron una fuerte advertencia sobre el futuro de uno de los sectores que más empleo genera en el país.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones del sector aseguraron que cerca de 400.000 empleos formales podrían verse afectados por decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, las cuales, según denuncian, han sido implementadas sin suficiente sustento técnico, sin concertación previa y sin garantizar el debido proceso.
En el documento, firmado por diferentes asociaciones y federaciones de la seguridad privada, los gremios defienden la legalidad y formalidad de una industria que, afirman, representa el 4 % del empleo formal del país, aporta el 1,13 % del Producto Interno Bruto (PIB) y moviliza alrededor de 21 billones de pesos al año.
Un sector que se siente señalado
Los representantes del sector sostienen que durante los últimos meses se ha consolidado un ambiente de estigmatización contra las empresas de vigilancia privada, al considerar que desde algunas instancias gubernamentales se ha pretendido relacionar a compañías legalmente constituidas con estructuras paramilitares, sin que existan pruebas que respalden dichas afirmaciones.
Según el comunicado, esta situación no solo afecta la reputación de las empresas, sino que genera incertidumbre entre inversionistas, clientes y trabajadores, poniendo en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen de esta actividad económica.
«Se ha equiparado al sector formal con estructuras paramilitares sin soporte probatorio», señalan los gremios, quienes consideran que este tipo de declaraciones afectan la confianza en una industria regulada por el Estado y sometida a controles permanentes.
Demoras de más de tres años en trámites
Uno de los puntos más críticos expuestos por los gremios tiene que ver con los retrasos en los procesos de acreditación y trámites administrativos.
De acuerdo con el documento, el tiempo promedio para resolver algunos procedimientos alcanza los 391 días, mientras que existen casos extremos que habrían tardado hasta 1.348 días, es decir, más de tres años y medio.
Los empresarios aseguran que estas demoras terminan afectando directamente a los trabajadores, quienes no pueden acceder oportunamente a certificaciones y permisos necesarios para desempeñar sus funciones.
Incluso, denuncian que algunos vigilantes han sido objeto de procedimientos de control por carecer de acreditaciones cuya expedición depende exclusivamente de entidades estatales.
Críticas a la calculadora salarial
Otro de los cuestionamientos está dirigido a la denominada «calculadora salarial» promovida por las autoridades regulatorias.
Los gremios consideran que dicha herramienta presenta inconsistencias técnicas y que su implementación habría generado confusión y preocupación tanto en empresarios como en trabajadores.
A juicio de las organizaciones, la metodología utilizada no refleja adecuadamente los costos reales del servicio y podría provocar interpretaciones erróneas sobre las condiciones laborales y económicas del sector.
Preocupación por cambios tarifarios
Las asociaciones también expresaron su rechazo a modificaciones recientes en la estructura tarifaria de la vigilancia privada.
Según explican, estas decisiones se habrían adoptado sin una socialización suficiente con el sector y sin estudios técnicos que permitan evaluar plenamente sus consecuencias económicas.
Los empresarios sostienen que las nuevas condiciones podrían afectar la sostenibilidad financiera de numerosas compañías, especialmente pequeñas y medianas empresas, generando una reducción de operaciones y eventualmente despidos masivos.
Jóvenes y familias serían los más afectados
El comunicado advierte que las consecuencias de una eventual crisis no se limitarían a las empresas.
Los gremios recuerdan que la vigilancia privada constituye una de las principales puertas de entrada al mercado laboral formal para miles de colombianos, especialmente jóvenes entre los 18 y 25 años.
Según las cifras presentadas, más de 55.000 jóvenes encuentran en este sector su primer empleo formal, con acceso a seguridad social, prestaciones legales y estabilidad laboral.
Por ello, alertan que cualquier afectación significativa a la industria podría incrementar los niveles de informalidad y desempleo.
Llamado al diálogo
Finalmente, las organizaciones firmantes hicieron un llamado al Gobierno Nacional para abrir espacios de diálogo y concertación que permitan revisar las medidas adoptadas y construir soluciones conjuntas.
Los gremios insistieron en que respaldan plenamente el Estado Social de Derecho, la democracia, la libre empresa y la formalidad laboral, pero consideran indispensable que cualquier reforma o decisión regulatoria se sustente en criterios técnicos, jurídicos y económicos sólidos.
La preocupación del sector radica en que, de mantenerse las actuales condiciones, no solo estaría en juego la viabilidad de cientos de empresas, sino también el sustento de aproximadamente 400.000 trabajadores y sus familias, en una industria que durante décadas ha sido un actor fundamental en la seguridad y la economía colombiana.
