Una familia colombiana abandona el país tras denunciar reiteradas amenazas de grupos armados ilegales y advertir la ausencia de medidas de protección efectivas por parte del Estado, según consta en denuncias formales y relatos entregados a las autoridades.
Gladys Mendoza Orozco, líder comunitaria y social, ha sido víctima de desplazamiento forzado en diferentes momentos de su vida. De acuerdo con su testimonio, los primeros hechos ocurrieron durante su infancia, cuando junto a su familia tuvo que abandonar el corregimiento de San Miguel del Tigre por la presencia de actores armados ilegales. Posteriormente, se establecieron en Barrancabermeja y luego en el corregimiento del Pedral, en Santander, zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.
Con el paso de los años, Mendoza Orozco desarrolló labores sociales y comunitarias, integrándose a la Junta de Acción Comunal y participando en procesos organizativos locales. Más adelante, junto a su núcleo familiar, impulsó iniciativas productivas y sociales en el corregimiento del Pedral y participó en la creación de una asociación de mujeres afrodescendientes rurales, dedicada a la gestión de proyectos comunitarios.
Según la información consignada en denuncias, estas actividades la expusieron nuevamente a amenazas, presuntamente relacionadas con disputas territoriales y el manejo de recursos comunitarios. Las intimidaciones, señala la denunciante, se extendieron a integrantes de su familia, incluyendo agresiones verbales y físicas.
Ante esta situación, la familia se desplazó en una primera ocasión a Bucaramanga, donde se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, Mendoza Orozco fue incluida en el Registro Único de Víctimas. No obstante, afirma que las medidas de protección, el acompañamiento psicosocial y otras garantías anunciadas no se materializaron de forma efectiva.
Entre 2017 y 2018, debido a dificultades económicas y familiares, la mujer regresó al corregimiento del Pedral, donde retomó su trabajo comunitario durante varios años. Sin embargo, en 2024, cuando la asociación que integraba había consolidado varios proyectos, las amenazas reaparecieron, esta vez dirigidas no solo a ella, sino también a otros líderes del municipio de Puerto Wilches.
Los hechos se intensificaron a finales de 2024, cuando, según la denuncia, su hija fue interceptada y agredida por hombres armados que le ordenaron abandonar la zona. Días después, durante una reunión familiar privada, dos hombres armados habrían ingresado al lugar, amenazando a los asistentes y ordenándoles salir del territorio, lo que generó un temor inmediato por la vida de la familia.
Tras estos episodios, la familia se desplazó nuevamente a Bucaramanga, donde se presentó una nueva denuncia. Sin embargo, la denunciante asegura que el riesgo persistía y que no contaban con garantías reales de seguridad, ni siquiera fuera de la zona rural.
En 2025, luego de años de amenazas, desplazamientos forzados y falta de respuestas institucionales, la familia tomó la decisión de salir de Colombia como medida de autoprotección. Según el relato, la salida del país se produjo ante la percepción de un riesgo permanente contra su integridad y la ausencia de condiciones que garantizaran su seguridad.
El caso se suma a otros reportes de líderes sociales y familias que, pese a acudir a las autoridades, aseguran no contar con protección suficiente frente a amenazas de grupos armados ilegales, especialmente en zonas rurales afectadas por disputas territoriales y economías ilegales.
Los datos oficiales y de derechos humanos muestran que los hechos como los relatados no son hechos aislados en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2016 y 2025 se han documentado más de 1.500 asesinatos de líderes y defensores sociales, así como miles de amenazas en todo el territorio nacional, concentradas especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales. En el primer semestre de 2025, al menos 89 líderes sociales fueron asesinados, y numerosos casos de intimidación y violencia persistieron sin una respuesta eficaz de protección por parte del Estado. Estas cifras reflejan un patrón de riesgo para liderazgos comunitarios en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
La dinámica del orden público y la presencia de grupos armados en la región
La subregión del Magdalena Medio santandereano, en la cual se ubica el municipio de Puerto Wilches, ha sido históricamente un territorio de interés para diversos grupos armados ilegales debido a su ubicación estratégica y su conectividad con otros departamentos del país, lo que facilita la movilidad y el control de rutas del narcotráfico y economías ilegales,
Organizaciones de observación también han señalado que la presencia de grupos como el Clan del Golfo y otras estructuras armadas ilegales se ha fortalecido en varias zonas del departamento de Santander, representando una amenaza concreta a la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades rurales, con registros de casos de violencia, amenazas y persecución.
En años recientes, las autoridades han reportado operaciones de la fuerza pública para capturar presuntos integrantes de grupos armados como el Clan del Golfo en municipios como Puerto Wilches, lo cual evidencia la actividad de estos actores en la región, aunque persiste la percepción de control territorial y riesgo para la población civil.
Además, investigaciones judiciales han documentado que en el mismo municipio circulan panfletos amenazantes atribuidos a grupos armados, en los cuales se declaran objetivos a líderes ambientales y defensores de derechos, lo que ha obligado a algunas personas a desplazarse o salir del país por riesgo de amenazas de muerte.
Esta combinación de presencia de grupos armados, amenazas contra liderazgos sociales y disputas por el control territorial forma parte de las tensiones de orden público que afectan no solo a Puerto Wilches, sino a diversas zonas rurales del Magdalena Medio y departamentos aledaños.
