La reciente cadena de ataques armados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca no solo refleja un deterioro acelerado de la seguridad en la región, sino también la consolidación de una ofensiva coordinada por estructuras armadas ilegales. Así lo reconoció el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante encargado de la Tercera División del Ejército Nacional, quien se pronunció tras los hechos que han dejado víctimas mortales, heridos y graves afectaciones a la población civil.
En su declaración oficial, el alto oficial advirtió que las acciones registradas en las últimas horas responden a una estrategia sistemática de los grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente del país, con ataques simultáneos contra la Fuerza Pública y puntos estratégicos de movilidad.
Ataques simultáneos y presión territorial
Los hechos más graves se concentraron en corredores clave como la vía Panamericana, donde en Cajibío un artefacto explosivo fue detonado en medio de vehículos civiles, dejando al menos diez personas muertas y más de 17 heridas. A este ataque se suman acciones en Mercaderes, Popayán, Guachené y otras zonas del norte del Cauca.
En paralelo, en el Valle del Cauca se registraron atentados contra unidades militares en Cali y Palmira, así como ataques a estaciones de Policía en Jamundí y el corregimiento de Robles.
Para el Ejército, esta simultaneidad no es casual. Según el general Rendón, se trata de una ofensiva que busca generar desestabilización, afectar la presencia institucional y aumentar el control territorial en zonas históricamente disputadas.
Nuevas tácticas, mismos riesgos
Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es la evolución en las modalidades de ataque. El uso de drones con explosivos, como el detectado en Popayán marca un punto de inflexión en la capacidad operativa de estos grupos, que ahora combinan métodos tradicionales con herramientas tecnológicas.
Sin embargo, el mayor impacto sigue recayendo sobre la población civil. Los ataques en vías principales, el uso de carros bomba y los atentados en zonas urbanas han ampliado el riesgo para comunidades que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Entre la respuesta militar y la deuda institucional
Mientras el Ejército asegura que mantiene operaciones ofensivas en la región, la crisis evidencia una tensión más profunda: la brecha entre la capacidad de reacción y la prevención efectiva.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido, a través de sus alertas tempranas, sobre el riesgo de escalamiento en estos territorios, donde operan disidencias de las antiguas FARC, particularmente estructuras vinculadas a alias “Iván Mordisco”.
El propio pronunciamiento institucional insiste en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado más allá del componente militar, incorporando inversión social, atención humanitaria y control territorial sostenido.
Un conflicto que se intensifica
Lejos de ser episodios aislados, los recientes atentados configuran un patrón de violencia que evidencia coordinación, capacidad logística y una clara intención de presión sobre el Estado.
El mensaje es contundente: el conflicto en el suroccidente no está contenido. Por el contrario, se está reorganizando, adaptando y expandiendo.
En este escenario, la respuesta estatal enfrenta un desafío complejo: contener la ofensiva armada sin perder de vista que la seguridad, en estos territorios, no se resuelve únicamente con operaciones militares, sino con una presencia integral que aún sigue siendo insuficiente.
