El Gobierno nacional defendió ante el Senado de la República el decreto de emergencia económica expedido recientemente, argumentando que las nuevas medidas tributarias están dirigidas principalmente a personas con altos patrimonios y no a la clase trabajadora.
Durante su intervención en la plenaria, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, a diferencia de reformas tributarias anteriores, el actual decreto busca que el mayor peso fiscal recaiga sobre los sectores con mayores ingresos del país. Según explicó, el 1 % de la población concentra cerca del 20 % de los ingresos nacionales y, de ese porcentaje, una gran parte no había sido gravada debido a exenciones, deducciones y tratamientos especiales.
El jefe de la cartera política señaló que el decreto fue una respuesta necesaria a una serie de hechos sobrevinientes que afectaron la capacidad financiera del Estado. Entre ellos mencionó decisiones tomadas por el Congreso que, según el Gobierno, redujeron el margen para atender el pago de la deuda pública, lo que a su vez incrementó su costo. Benedetti indicó que este endeudamiento tiene origen en administraciones anteriores y que su impacto no había sido previsto.
En materia de seguridad y defensa, Benedetti explicó que el país enfrenta requerimientos presupuestales cercanos a los 4 billones de pesos, destinados, entre otros aspectos, a la implementación de sistemas antidrones y al fortalecimiento de la protección en las regiones. También resaltó los costos asociados a la seguridad del proceso electoral, que ha implicado miles de eventos de campaña, el desplazamiento de decenas de miles de integrantes de la Fuerza Pública y la protección de candidatos a la Presidencia y al Congreso.
El Gobierno sostuvo que, en este contexto, la declaratoria de emergencia económica fue una decisión orientada a garantizar la estabilidad fiscal y atender obligaciones urgentes del Estado. No obstante, el decreto continúa generando debate político y jurídico, mientras distintos sectores analizan su alcance, legalidad e impacto real sobre la economía nacional.
