Una solicitud formal de apertura de investigación y control de legalidad fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Superior del Atlántico, tras la decisión judicial que concedió libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias “el Gatico”, condenado a 29 años y 3 meses de prisión.
La petición está relacionada con el Auto Interlocutorio No. 704 del 29 de diciembre de 2025, emitido por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, a cargo de la jueza Carmen Terán. Los solicitantes piden que los organismos de control revisen si la decisión cumplió de manera estricta con los requisitos legales y constitucionales exigidos para este tipo de beneficios.
Un caso de alto impacto
Alfonso López fue condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir en el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, un crimen que tuvo un fuerte impacto en la libertad de prensa y en el derecho ciudadano a la información. Por esa razón, los peticionarios sostienen que la concesión de beneficios penitenciarios en este caso requería un análisis reforzado y excepcional, dada la naturaleza del delito y sus consecuencias sociales. Alfonso López tiene diversas investigaciones entre ella la de supuesto atentados y la de liderar organizaciones terroristas. Tambien existen denuncias contra amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos. Hechos nuevos que se debería de tener en cuenta, para alegar buen comportamiento.
Los puntos que generan dudas
En el documento enviado a los entes de control se plantean varios cuestionamientos, entre ellos: Si el condenado cumplió realmente el requisito de las tres quintas partes de la pena, como lo exige la ley, la necesidad de verificar de forma detallada el tiempo efectivo de privación de la libertad, diferenciando reclusión intramural, estancias en centros médicos y periodos de prisión domiciliaria, bajo control del INPEC, la revisión integral de los soportes médicos utilizados durante la ejecución de la pena, para descartar inconsistencias o irregularidades, la presunta falta de un enfoque explícito en los derechos de las víctimas, especialmente tratándose de un caso relacionado con violencia contra periodistas.
Lo que se solicita a las autoridades
La petición insta a la Procuraduría a ejercer intervención inmediata, adelantar un control de legalidad completo sobre la decisión judicial y evaluar si procede la interposición de recursos o acciones adicionales. Al Tribunal Superior del Atlántico se le solicita revisar la actuación judicial y determinar si se presentaron omisiones que deban ser investigadas.
Un proceso bajo observación
Por ahora, la libertad condicional otorgada sigue vigente, mientras las autoridades analizan la solicitud. El caso vuelve a poner en el centro del debate público el papel de los jueces de ejecución de penas, el control de los beneficios penitenciarios y la necesidad de garantizar transparencia, protección a las víctimas y confianza en la administración de justicia.
