El Gobierno de Colombia manifestó este miércoles su inconformidad frente a la decisión de la República de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González Merchán, dirigente político y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), requerido en el país por la presunta comisión de delitos comunes.
En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho señalaron que la medida adoptada por Managua desconoce los tratados internacionales suscritos por ambas naciones, en particular el Tratado de Extradición de 1929, que obliga a entregar a los ciudadanos procesados o condenados en uno de los dos Estados.
Argumentos de Colombia
El Gobierno colombiano precisó cinco puntos principales en su posición:
Colombia respeta la figura del asilo cuando se concede en el marco de los instrumentos internacionales y a quienes logran demostrar persecución política.
Sin embargo, recordó que este derecho no puede invocarse en casos donde existan motivos fundados de que la persona cometió delitos comunes.
González Merchán enfrenta en Colombia un proceso penal por hechos tipificados en la legislación ordinaria.
Al otorgar asilo, Nicaragua desconoce lo pactado en el Tratado de Extradición, que establece la obligación de entregar a procesados y condenados.
Por ello, el Gobierno solicitó formalmente a Managua reconsiderar su decisión y revocar la protección internacional, con el fin de que el exfuncionario responda ante la justicia colombiana, “la cual le brindará todas las garantías procesales”.
Carlos Ramón González Merchán, figura de larga trayectoria en la política nacional, fue director del DAPRE durante el actual gobierno y ha tenido vínculos con la Alianza Verde y sectores cercanos al presidente Gustavo Petro. Su nombre ha estado en el centro de controversias judiciales y políticas tras revelarse presuntos manejos irregulares en la contratación estatal y supuestos nexos con entramados de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertos procesos en su contra, lo que motivó la solicitud de captura y eventual extradición. Frente a ello, el político buscó protección en Nicaragua, país que en los últimos años ha sido señalado por la comunidad internacional de utilizar la figura del asilo como refugio para personajes cuestionados en sus países de origen.
Reacciones diplomáticas
La decisión de Managua genera una nueva tensión en las relaciones bilaterales. Colombia, a través de la Cancillería, insistió en que el caso no puede interpretarse como persecución política, sino como un asunto de carácter judicial.
Fuentes diplomáticas consultadas señalaron que el Gobierno colombiano podría elevar el tema a instancias internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), para reclamar la aplicación estricta del derecho internacional.
Mientras tanto, la defensa de González Merchán sostiene que en Colombia no existen garantías suficientes para un juicio imparcial y que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas.
Colombia espera respuesta del Gobierno de Daniel Ortega a la solicitud de revocar el asilo. De no prosperar, se abriría un complejo pulso jurídico y diplomático entre Bogotá y Managua, que podría escalar en los próximos meses.
