Graves señalamientos comprometen a presuntos aliados del exjefe paramilitar y ponen en duda la verdad en procesos de justicia transicional y de la JEP
Un testimonio revelado a este medio expone una serie de acusaciones que, de confirmarse, podrían reabrir uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado en Colombia: las redes económicas, judiciales y criminales que habrían operado alrededor de Salvatore Mancuso, hoy vinculado a escenarios de justicia transicional, JEP
La declaración fue allegado en formato de audio y con un escrito con puño y letra no solo menciona nombres propios de presuntos testaferros, sino que también denuncia corrupción en la justicia y la posible orden de un homicidio como retaliación por revelar información.
Cabe recordar que Salvatore Mancuso fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajo el compromiso de aportar verdad plena sobre los hechos del conflicto armado.
Su regreso a Colombia se produjo el pasado 27 de febrero, luego de ser deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico.
Posteriormente, la jueza Luz Marina Zamora le otorgó el beneficio de libertad condicional por un periodo de cuatro años, en el marco de su designación como gestor de paz, bajo condiciones como no reincidir, presentarse periódicamente ante la justicia, no salir del país y no acudir a zonas donde cometió crímenes o tiene procesos pendientes.
“Nos estaban matando por hablar”
El denunciante, José Luis Hernández Salazar, alias “Poncho” quien autorizó plenamente la divulgación de su identidad, envió a este medio un testimonio que apunta a una presunta estructura activa alrededor de Salvatore Mancuso y asegura que su hermano Duvis Grimaldi Núñez Salazar, quien fue asesinado el pasado 25 de marzo por un compañero de celda, en la penitenciaria de Valledupar La Tramacua no fue accidental, insiste que lo mandaron a matar tras declarar en contra de unos politicos de Cordoba y señala posibles irregularidades en procesos judiciales e investigativos.
Alias «Pancho» hace Señalamientos contra personas que, según su versión, manejaron bienes, rutas, protección institucional y sobre decisiones judiciales manipuladas en lo que tiene que ver con homicidios
El documento conocido también señala antecedentes de amenazas. Indica que los hechos se remontan al año 2009. Hace referencia a denuncias presentadas ante despachos de Justicia y Paz en Barranquilla y ante el Tribunal de Medellín.
Hernandez Salazar se identifica como privado de la libertad y afirma ser hermano de la víctima. En el texto solicita la designación de un fiscal encargado y la ampliación de la investigación. Pide que se verifiquen los hechos dentro del establecimiento penitenciario.
La Tramacúa es un centro de reclusión de alta seguridad. En ese lugar permanecen internos vinculados a estructuras armadas ilegales, redes criminales y procesos de alto impacto judicial.
En ese tipo de entornos se registran disputas internas, controles de poder por pabellones y confrontaciones entre grupos.
También se concentran personas con información relevante para procesos judiciales. Ese conjunto de factores incrementa los riesgos de violencia.
Hasta el momento no se han conocido públicamente los resultados de la necropsia realizada por Medicina Legal. Tampoco se han divulgado registros de cámaras de seguridad ni informes detallados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sobre lo ocurrido.
La ausencia de esos elementos limita la verificación de las dos versiones en disputa. La versión oficial señala un homicidio entre internos. La denuncia plantea un hecho premeditado con posibles irregularidades posteriores.
La Fiscalía General de la Nación mantiene la investigación abierta. El caso se encuentra en etapa de verificación de pruebas y recolección de testimonios.
La muerte de un exintegrante de estructuras paramilitares dentro de un establecimiento de máxima seguridad abre interrogantes sobre las condiciones de custodia, la trazabilidad de los hechos y la transparencia en las investigaciones internas.
La diferencia entre una riña carcelaria y un homicidio planificado con alteración de evidencia marca el rumbo del proceso. La determinación depende de pruebas técnicas, registros institucionales y la reconstrucción precisa de los hechos.
Por ahora, la muerte de Dovis Grimaldi Núñez Salazar permanece en el centro de dos versiones que no coinciden. La investigación deberá establecer cuál de ellas corresponde a lo ocurrido dentro de una celda de La Tramacúa en la madrugada del 25 de marzo.
Bienes y presunto poder económico
En su declaración, el denunciante identifica a varias personas que, según sostiene, habrían tenido un papel relevante en el manejo de bienes y recursos asociados a estructuras vinculadas a Mancuso.
En su declaración, el denunciante menciona a varias personas que, según su versión, habrían tenido vínculos con estructuras asociadas a Salvatore Mancuso. Entre los nombres señalados figuran Jaime Maroso Pipintá; Marco Hidalgo Torres, alias “Mojarro Guapo”; Jorge Gustavo Burgo Vellojín, alias “97”; William Sayer, a quien relaciona como socio del periódico El Meridiano; Irán Erazo Marzola, alias “El Doctor”; Julio Manzur; Musa Besaile, a quien señala de haber tenido acercamientos con Mancuso antes de su llegada al Senado; Zulema Jattin; y Dominico Mancuso Hoyos, alias “Lucas”, quien, según el testimonio, se encontraría prófugo de la justicia.
De acuerdo con el testimonio, estas personas habrían integrado una red de presuntos testaferros encargados de administrar propiedades, movilizar recursos y sostener operaciones económicas.
Asegura que uno de ellos tendría bajo su control más de tres mil bienes, algunos de los cuales habrían sido objeto de investigaciones en fiscalías de Cartagena y Medellín.
También señala que, pese a registros de capturas y procesos abiertos, no se evidencian avances judiciales concluyentes, lo que, en su criterio, podría indicar posibles niveles de protección institucional.
Otro de los aspectos que plantea el testimonio tiene que ver con presuntas irregularidades en actuaciones judiciales, afirma que algunas de las personas mencionadas habrían sido capturadas y posteriormente dejadas en libertad tras realizar pagos.
“Pagaron 500 millones de pesos y los soltaron”.
Según su versión, estos hechos habrían ocurrido en procesos trasladados a despachos judiciales en Bogotá.
Estas afirmaciones, de confirmarse, podrían configurar delitos relacionados con corrupción en la administración de justicia.
Denuncia a la Fiscalia GENERAL de la Nacion
La denuncia presentada por José Luis Hernández Salazar, alias “Poncho”, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia y actualmente privado de la libertad, introduce una línea de investigación que trasciende la versión oficial del caso.
En su testimonio, conocido por este medio, sostiene que la muerte de su hermano no fue un hecho aislado dentro del centro penitenciario, sino el resultado de una persecución derivada de la información que ambos habrían entregado en el marco de Justicia y Paz, en la que según afirma se mencionan posibles vínculos de terceros, incluidos actores políticos y económicos.
El denunciante señala incluso al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, a quien atribuye un supuesto interés en ocultar responsabilidades,
Este señalamiento, sumado a la condición de la víctima quien, según el relato, ya habría cumplido los requisitos para acceder a la libertad, plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario y la necesidad de una investigación independiente que permita establecer si se trató de un hecho aislado o de un crimen con un trasfondo más amplio aún por esclarecer.
