Otro de los casos que ha generado indignación entre la ciudadanía y expertos en derecho administrativo es el del concejal Luis Mariano Oñate Barros, quién incurrió en doble militancia y cuyo proceso se encuentra estancado en el Tribunal Administrativo de La Guajira.
Según la denuncia presentada, el concejal Luis Mariano Oñate Barros se inscribió como candidato al Concejo Municipal de Urumita, La Guajira, por el Partido Alianza Democrática Amplia – ADA, pero no renunció oportunamente a su militancia en el Partido Liberal Colombiano, del cual era Presidente Municipal.
Esta situación constituye una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que prohíbe a los servidores públicos y candidatos a cargos de elección popular pertenecer a más de un partido o movimiento político, según explica la ley electoral.
El Partido Liberal, a través de su Director Jurídico, Daniel Mauricio Pinzón Chavarro, certificó bajo gravedad de juramento que el concejal Luis Mariano Oñate Barros no renunció a su militancia en el partido antes del plazo establecido por la ley. Esta certificación es una prueba contundente de la doble militancia incurrida por el concejal.
Pese a las pruebas aportadas, el proceso contra el concejal Oñate Barros se encuentra estancado en el Tribunal Administrativo de La Guajira, desde hace varios meses, pues pese a estar ya para fallo, fue decretada una prueba de mejor proveer que tiene el fallo en un congelador desde hace varios meses.
Este caso pone en tela de juicio la efectividad de los mecanismos de control y sanción en materia de inhabilidades e incompatibilidades. La impunidad y la demora en los procesos judiciales envían un mensaje de permisividad a quienes violan la ley, socavando la confianza de los ciudadanos en las institucione.
Los expertos en derecho administrativo consultados por este medio se preguntan por qué este caso no ha avanzado y por qué el concejal sigue ejerciendo su cargo a pesar de las presuntas irregularidades?.
Es urgente que el Tribunal Administrativo de La Guajira agilice el proceso contra el mencionado concejal y tome una decisión basada en las pruebas aportadas. La ciudadanía espera que se haga justicia y que se siente un precedente claro contra la doble militancia y otras prácticas que atentan contra la transparencia y la ética en la función pública
