La Defensoría del Pueblo considera primordial abordar los desafíos éticos y sus posibles implicaciones, a fin de asegurar que su puesta en marcha promueva y respete los principios fundamentales de la dignidad humana.
Las tecnologías están llamadas a apoyar a los operadores judiciales en la toma de decisiones, por lo que su utilización debe estar enmarcada en límites y controles, tal como recientemente lo sentenció la Corte Constitucional.
Como institución nacional de derechos humanos, monitoreará la implementación de la IA en la administración de justicia, con el propósito de que no vulnere los derechos fundamentales de las personas.
Durante la instalación del ‘Congreso internacional de inteligencia artificial aplicada a la justicia y derechos humanos’ en la capital del departamento de Córdoba, el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, hizo un llamado a garantizar el respeto por los derechos de las y los ciudadanos con la puesta en funcionamiento de la IA en la administración de justicia en Colombia.
Aunque las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), las tecnologías 4.0, en especial la IA, están llamadas a apoyar a los operadores judiciales en la toma de decisiones, su utilización debe estar enmarcada en límites y controles, tal como lo dictaminó la Corte Constitucional en la Sentencia T-323 de 2024: «La IA no puede remplazar al juez en la toma de decisiones judiciales, sin importar la complejidad del asunto sometido a estudio de la jurisdicción. […] Es admisible emplear estas tecnologías con fines de gestión administrativa y documental; apoyo a la función judicial en actividades que no suponen una labor de creación de contenido, interpretación de hechos o textos, ni solución de casos».
Si bien hay normativa en el ordenamiento jurídico colombiano, la cual busca por medio de las tecnologías facilitar el acceso a la administración de justicia, no es imposible que ocurra una eventual vulneración del derecho al debido proceso con su uso. Por ende, es fundamental procurar la infraestructura tecnológica para anticipar posibles vulneraciones y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, así como avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos.El Defensor recalcó que es esencial abordar los desafíos éticos y las posibles implicaciones de la tecnología en la privacidad y la equidad, con el propósito de asegurar que su aplicación promueva y respete los principios fundamentales de la dignidad humana.En el Congreso, organizado por la Defensoría, con la colaboración de la Alcaldía de Montería, Balanta Mina dejó claro que la entidad monitoreará cómo se implementan y utilizan los sistemas de IA en la administración de justicia, asegurando que no transgredan los derechos esenciales de las personas.
