Por: Agencia Periodismo Investigativo/ Créditos: Claudia Elena Lozano Doria
‘Claudia Elena Lozano Doria ha sido condenada a más de 12 años de prisión»
Durante más de una década, Claudia Elena Lozano Doria ocupó diversos cargos dentro de la Fiscalía General de la Nación, realizando funciones judiciales de alta responsabilidad. Sin embargo, todo su historial como fiscal estuvo basado en una mentira: nunca fue abogada.
Entre 2000 y 2013, Lozano Doria logró ascender rápidamente dentro de la institución gracias a documentos falsificados. Usando la tarjeta profesional y la hoja de vida de su amiga María Consuelo Mestre, se hizo pasar por abogada, logrando posiciones tan importantes como la dirección seccional de Fiscalías en Riohacha, La Guajira.
Su tiempo en la Fiscalía estuvo marcado por actuaciones judiciales cuestionables, que incluyeron la solicitud de órdenes de captura, la apertura y cierre de investigaciones, y la toma de decisiones que afectaron la vida de muchas personas. Fue en 2013, cuando intentó ingresar a la Judicatura en Valledupar utilizando los mismos documentos falsos, que se descubrió su fraude. Al verificar sus datos, las autoridades se dieron cuenta de que no estaba registrada como abogada en el sistema nacional.
La Fiscalía la acusó de fraude procesal y falsedad en documento privado. Pese a intentar firmar un preacuerdo para reducir su condena, Lozano Doria fue sentenciada a 12 años y nueve meses de prisión. La declaración de su amiga y testigo clave, María Consuelo Mestre, fue determinante para su condena.
Sin embargo y tras las investigaciones adelantas por la Fiscalía, se pudo establecer que la señora Lozano Doria, quien aspiraba a ocupar el cargo de Juez de Ejecución de Penas de Valledupar, habría presentado un diploma de la Corporación Universitaria del Sinú y su correspondiente acta de grado que no corresponderían con documento expedido por la institución.
Sin embargo, mediante Acuerdo 028 del 28 de mayo del 2013, Rosado Doria fue designada como Juez Segunda de Ejecución de Penas de Seguridad a partir del 18 de junio de 2013 por un tiempo de 25 de días. La verificación de documentos permitió que, a través del Acuerdo 031 del 18 de junio de 2103, el nombramiento no fuera confirmado.
Según las contundentes acciones adelantadas por la Fiscalía, se evidenció que la documentación supuestamente acreditada por la Corporación era falsa y que la tarjeta profesional aportada le correspondía a otra persona.
