Por: David de los Ríos Padilla
Uno de los principales objetivos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en este gobierno, era ampliar la conectividad en centros educativos de diferentes regiones del país, a través del proyecto Centros Digitales. Para esto, el MinTIC creó un proceso público donde los oferentes debían cumplir requisitos jurídicos, financieros y técnicos.
El consorcio UT Centros Poblados junto con otras ocho entidades lograron convertirse en oferentes habilitados, es decir, cumplieron con todos los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, lo que definiría a quien se le adjudicaría el contrato, serían los criterios de puntuación que se establecieron, con los cuales el consorcio UT ganó el contrato para llevar internet a 15 departamentos a través 7.277 puntos de conectividad. De acuerdo con Luis Ricardo Alvarado Martínez, veedor ciudadano, dicho contrato se celebró el 9 de diciembre del 2020.
Recordemos que las empresas que conforman el consorcio UT son: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic); ICM Ingenieros S.A.S; Omega Building Constructora S.A.S; e Intec de la Costa S.A.S, que de acuerdo con el veedor ciudadano son cuatro empresas que no cuentan con el capital ni los requisitos necesarios para hacerse cargo de este megaproyecto.
Uno a uno de los contratistas del consorcio UT Centros Poblados
Funtic o Novotic:
Lo que más llama la atención de esta empresa es el antecedente de su cambio de razón social que expuso el representante a la cámara del partido verde, León Fredy Muñoz, a través de una línea de tiempo la cual explicaba el proceso para la licitación, recalcando que la empresa Novotic (que contaba con un 35% de participación en la unión temporal de Centros Poblados) ya había estado vinculada a fraudes.
Muñoz también recalcó que esta era la única empresa con experiencia en internet, experiencia que habían adquirido por contratos de conectividad en La Guajira y el Magdalena y que generaron un detrimento de 25 mil millones de pesos. Por último, el representante por el partido Alianza Verde sentencia aclarando que dicha empresa antes conocida como Funtic cambió su razón social a Novotic en Octubre del año 2020. “Cualquier persona se da cuenta de lo que se está tramando o pretendiendo cuando se cambian los nombres de las empresas días antes de licitar”.
Dicha empresa al estar implicada presuntamente en fraude, no era apta para celebrar ningún contrato con el Estado, lo que daría sentido al cambio de razón social.
Además de esto, según el veedor, Luis Ricardo Alvarado, el representante legal de Novotic, Juan Carlos Cáceres, estaría vinculado a las dos empresas que recibieron el anticipo de $70.000 millones y que hoy están en el ojo de los medios, dichas empresas son Nuovo Security LLC e Inselsa S.A.S.
El anticipo sería repartido entre estas dos empresas de la siguiente manera:
- Nuovo Security recibió alrededor de $58.000 millones
Inselsa S.A.S. cerca de $12.000 millones
Intec de la Costa S.A.S. :
Según fuente de la veeduría barranquillera esta empresa «tiene una Insuficiencia Financiera equivalente al 99,80 %, cuando tiene sólo $100 millones de Capital Suscrito y Pagado. Describe unos Activos Totales por $50.462.056.230, pero sólo $100 millones capital pagado. Lo que quiere decir que los Activos son soportados por cuentas por pagar corrientes y a Largo Plazo, o sea que están debiendo el 99,80 %.«
Además de lo anterior, el gerente de Intec S.A.S, Hugo Armando Canabal Oyos participó «en un entramado corrupto” en Valledupar en un contrato con una UT para hacer un centro de Acopio, el proyecto que lleva más de 5 años, no se ha entregado aún. Según la fuente consultada el señor Canabal es uno de los presuntos responsables y deberá responderle al Estado, por más de 100.000 millones de pesos invertidos. Esto sumaría otro caso de incumplimiento de requisitos para poder adquirir un contrato con el Estado.
OMEGA Building Constructora S.A.S. :
Esta empresa cuenta con un patrimonio de $50 millones de Capital Suscrito y Pagado y pese a esto, el valor de sus contratos celebrados entre la alcaldía de Barranquilla, en el año 2019, superan los $800 millones. La pregunta entonces sería ¿Con qué dinero podría responder la empresa Building por el valor total de los contratos?
De acuerdo a la Constitución Política, estos contratos presentarían Vicios de Nulidad por violar una ley imperativa y aún así sigue adquiriendo contratos por una elevada suma de dinero como es el caso de los contratos en Medellín y Corozal por mil y 3 mil millones de pesos respectivamente.
ICM INGENIEROS S.A.S.
La cuarta empresa que hace parte de la UT y que al igual que las anteriores también resultó involucrada en escándalos de corrupción, es la ICM cuando en el 2009 Jorge Iván Rozo Barragán y Luis Guillermo Mesa Sanabria, vinculados a la empresa, resultaron salpicados por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado. hechos que llevaron a la cárcel en el 2016 al entonces gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz.
De acuerdo a la Fiscalía, fueron desviados 24.000 millones de pesos, que debían ser usados en la malla vial de Bogotá
Según El Diario Criterio ”estas cuatro empresas tienen en común sus relaciones con personas cercanas a Cambio Radical, el clan de los hermanos Char y vínculos con polémicos contratistas como Emilio Tapia Aldana, Juan Cáceres Bayona y Jorge Iván Rozo Barragán”.
Por su parte, la ministra Karen Abudinen para dar soporte al contrato efectuado con el consorcio, compartió los registros de Cámara de Comercio de las 4 empresas que componen la UT Centros Poblados. Sin embargo, no tuvo en cuenta que algunas de estás empresas tuvieron un crecimiento de miles de millones en menos de un año, lo que podría sustentar el crítica del veedor barranquillero “estamos en presencia de una corruptela que nunca se había visto en Barranquilla, ni en Colombia”.
