En medio de un ambiente de desconfianza institucional y serias denuncias sobre irregularidades, la Procuraduría General de la Nación ha decidido intervenir y abrir una investigación formal contra la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La entidad encargada de proteger los intereses del país en litigios clave, tanto nacionales como internacionales, enfrenta una tormenta interna: contratos cuestionados, decisiones administrativas polémicas y un creciente malestar entre sus funcionarios.
Ante la gravedad del panorama, el Ministerio Público desplegará un equipo especializado que realizará entrevistas, evaluará documentación contractual y revisará procesos jurídicos en los que podrían haberse cometido fallas graves.
El objetivo: establecer responsabilidades, corregir el rumbo de la agencia y garantizar que los intereses del Estado no sigan viéndose comprometidos.
