El mayor hallazgo fiscal se da en San Andrés ($2.712
millones), por un caso de obras recibidas que no se
encuentran ejecutadas en su totalidad.
Le siguen en hallazgos fiscales Vaupés ($2.581 millones), Tolima ($866 millones), Norte de Santander ($613 millones), Vichada ($476 millones), Antioquia ($123 millones) y Boyacá ($68 millones).
Una buena cantidad de las obras de los PDA evaluados no se han concluido y muchas aún no se encuentran en funcionamiento, afectando a las comunidades que las requieren.
Hay hallazgos comunes en los proyectos auditados por la Contraloría, como son deficiencias en la planeación y ejecución de las obras contratadas, así como en las tareas de interventoría.
Obras suspendidas por mucho tiempo, sobrecostos en la contratación, debilidades en los estudios previos y pólizas que no se hacen efectivas, son algunas de las
irregularidades más frecuentes.
Bogotá, 21 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República concluyó 7 Actuaciones Especiales de Fiscalización donde evaluó la gestión de los Planes
Departamentales de Agua (PDA) de igual número de departamentos, encontrando 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal
por $7.441 millones, 80 con incidencia disciplinaria y 2 de carácter penal.
Fueron auditados los PDA correspondientes a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Vichada, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018.
La evaluación incluyó todas las fuentes de recursos que financian los PDA y las actuaciones de las entidades competentes en su gestión, tanto del orden
nacional como territorial. Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre de 2021 por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y
Saneamiento Básico, con apoyo de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.
En cuanto a hallazgos con presunta incidencia fiscal, se observa que el departamento de Vaupés fue el que presentó el mayor número con esta connotación, con 15, seguido de Tolima con 7.
En el caso de San Andrés es importante destacar que en solo un hallazgo alcanzó la máxima cuantía ($2.712 millones) de todos los encontrados en estas actuaciones de fiscalización. Se trata de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado
sanitario en los sectores de Cabañas, Barrio Sarie Bay y Barrio Modelo, que no se encuentran ejecutadas en su totalidad y, por lo tanto, no están funcionando.
Muchas obras contratadas no se han concluido
Como resultado de las Actuaciones de Fiscalización realizadas, la Contraloría encontró en todos los departamentos serias deficiencias en la gestión fiscal y conceptuó que la misma fue ineficaz, ineficiente y, en algunos casos, no resulta conforme, debido a que buena cantidad de las obras contratadas no se han
concluido, luego de pasar varios años desde el vencimiento del plazo inicial pactado, y muchas aún no se encuentran en funcionamiento.
Las debilidades, técnicas, administrativas y operativas observadas han impedido la culminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, para
ponerlas oportunamente al servicio de la comunidad, con los consecuentes impactos en su salud, dado que se trata de infraestructuras para la provisión de
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las cuales resultan esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a la población.
Principales deficiencias encontradas
En la mayoría de proyectos auditados, se presentan deficiencias que en general guardan relación con los siguientes aspectos:
• Deficiencias en la planeación y ejecución de las obras contratadas, así como en el ejercicio de la función de interventoría. Algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos, en tanto que la documentación de la etapa contractual no ha sido publicada en su totalidad, a lo que se suma ausencia de certeza en las cantidades de obra por tramos ejecutados.
• La cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en muchas regiones continúa siendo muy baja y persiste una significativa brecha
urbano rural.
• Muchos de los contratos evaluados se encontraban suspendidos al inicio de las Actuaciones Especiales de Fiscalización, algunos de ellos con periodo
• La CGR encontró otras deficiencias, como sobrecostos en la contratación y adquisición de bienes y servicios, el pago de anticipos que no fueron
debidamente amortizados, debilidades en la supervisión e interventoría, así como en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos.
• Se encuentra infraestructura, bienes y servicios que no están en funcionamiento o no prestan el servicio para el que fueron construidos o adquiridos.
• Todos los contratos y proyectos evaluados presentaron, en general, problemas que generaron demoras en su ejecución, entre ellos, las siguientes
situaciones:
• Suspensiones
• Ampliaciones de Plazo
• Prórrogas
• Incumplimiento oportuno del objeto contractual
• No se imponen multas
• No se hacen efectivas las pólizas
• Proyectos inconclusos con los contratos con plazo de ejecución vencido.
• Vencido el plazo de ejecución no se han entregado los bienes y servicios pactados.
La mayoría de los proyectos auditados presentaron debilidades en planeación, especialmente en lo relacionado con:
• Ausencia de análisis de estudios de mercado
• Costos directos e indirectos sin desglosar
• Carencia de fichas técnicas para precisar las características de la prestación del servicio adquirido
• Sin precisar los soportes idóneos para soportar la legalización de las actividades realizadas por los contratistas
• Debilidades en los estudios previos, sin suficiente información del sector, lo que limita la pluralidad de oferentes
• Proyectos formulados sin el cumplimiento de los requerimientos técnicos, administrativos y ambientales
• Proyectos no viabilizados por el Ministerio de Vivienda por la debilidad en su formulación para la obtención de recursos de fuente nacional
