Varios alcaldes del país decidieron no acoger la jornada del “día cívico” convocada por el presidente Gustavo Petro, argumentando la falta de fundamentos jurídicos y la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos en sus territorios. La medida gubernamental, propuesta como un espacio simbólico para reflexionar sobre las reformas del “Gobierno del Cambio”, no tuvo eco en muchos entes territoriales.
Desde diferentes regiones, mandatarios locales señalaron que declarar un día cívico carece de justificación práctica y podría entorpecer el funcionamiento normal de las administraciones y servicios esenciales. Algunos incluso manifestaron que no fueron consultados previamente ni recibieron lineamientos claros por parte del Gobierno Nacional.
La decisión generó una fuerte reacción por parte de sectores afines al presidente. Uno de los más críticos fue el exembajador y exsenador Armando Benedetti, quien calificó la postura de los alcaldes como un intento político para debilitar al presidente. “Lo que quieren es golpear a Petro”, afirmó Benedetti, señalando que el rechazo al día cívico responde a intereses que buscan frenar el proceso de transformación liderado por el mandatario.
El debate sobre la pertinencia de la jornada continúa, mientras el país vive una polarización creciente frente a las reformas sociales promovidas desde el Ejecutivo.
