En un fallo que sacude el panorama político del Caribe colombiano, el Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena, decisión que marca un nuevo capítulo en la historia reciente del departamento. La determinación fue tomada el pasado 8 de mayo, tras comprobarse que Martínez incurrió en doble militancia, una falta que vulnera las normas electorales del país.
La Sección Quinta del alto tribunal determinó que Martínez, elegido en octubre de 2023 por el movimiento Fuerza Ciudadana, apoyó públicamente a candidatas del Partido de la U durante la campaña electoral. El hecho clave ocurrió el 21 de septiembre de 2023, cuando en un evento público en la Villa Olímpica de Santa Marta respaldó a María Charris y Miguelina Pacheco, aspirantes al Concejo y a la Asamblea Departamental, respectivamente.
Pero este no sería el único frente que enfrenta el exmandatario. Durante la audiencia de nulidad, salieron a la luz graves acusaciones por presuntos actos de corrupción. Carlos Andrés López Martínez, testigo clave en el proceso, aseguró en una declaración grabada que Martínez habría realizado pagos millonarios mientras se encontraba bajo detención domiciliaria. Aún más delicado, López afirmó que tanto Martínez como su mentor político, el exgobernador Carlos Caicedo, habrían recibido financiamiento desde Venezuela: 40 millones de dólares presuntamente entregados por el régimen de Nicolás Maduro.
La Procuraduría General también tiene en la mira a Martínez. Le imputó cargos por presuntas irregularidades en contratos firmados durante la campaña electoral de 2019, cuando aún era alcalde de Santa Marta. Entre los documentos analizados figuran convenios por más de mil millones de pesos con la Fundación Fundec, firmados durante la vigencia de la Ley de Garantías, lo que configuraría una falta disciplinaria y posiblemente penal.
Reaccion de Martínez
Rafael Martínez reaccionó de inmediato tras conocerse el fallo. En un mensaje publicado en sus redes sociales, calificó la decisión como una “persecución política” y aseguró que su salida no se debió a actos de corrupción, sino a un “tecnicismo jurídico”. “306 mil votos son burlados en una clara persecución contra Fuerza Ciudadana”, escribió.
Con la gobernación vacante, Ingris Padilla, quien fungía como gobernadora encargada durante la licencia de Martínez, asumirá provisionalmente el cargo. Sin embargo, será el presidente Gustavo Petro quién deberá designar a un gobernador encargado mientras se organizan elecciones atípicas para completar el periodo constitucional hasta 2027.
El caso de Rafael Martínez no solo deja en vilo el liderazgo regional del Magdalena, sino que también reaviva las tensiones entre el poder judicial, el Ejecutivo y los movimientos alternativos en Colombia. Mientras tanto, la incertidumbre reina en un departamento marcado por la polarización política y la lucha por el control territorial.
