Pese a haber sido condenado por su participación en dos de los escándalos de corrupción más sonados del país —el «carrusel de la contratación» y el desfalco de Centros Poblados—, Emilio Tapia ya goza de libertad condicional. Su excarcelación, otorgada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla el lunes 14 de abril de 2025, ha generado una ola de rechazo en la opinión pública.
Tapia, señalado como el cerebro detrás de múltiples entramados de corrupción que han costado miles de millones al erario público, apenas cumplió 48 meses y 10 días de una pena de seis años y ocho meses. Aunque devolvió 2.500 millones de pesos y mostró buena conducta, muchos consideran que este beneficio es una burla para el país y una muestra de impunidad.
La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, alegando que Tapia no debía recibir este tipo de beneficio, especialmente por el impacto negativo que sus crímenes han tenido en el acceso a la educación rural y la confianza ciudadana en las instituciones. No obstante, el juzgado mantuvo su decisión, permitiendo que Tapia continúe el resto de su condena desde la comodidad de su hogar, acompañado de su pareja, la congresista Saray Robayo.
Mientras tanto, los 70.000 millones de pesos que debían llevar internet a miles de niños en zonas apartadas siguen sin aparecer del todo, y el país enfrenta una nueva herida en su lucha contra la corrupción.
