El presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer la terna de candidatos que presentará al Senado para reemplazar a la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. La lista está integrada por Héctor Alfonso Carvajal, Dídima Rico Chavarro y Karena Caselles Hernández, tres juristas con trayectorias destacadas en distintas ramas del derecho.
Desde el Gobierno se ha resaltado que la terna representa una combinación de experiencia, diversidad regional y conocimiento técnico. Carvajal, abogado penalista y exdefensor de Petro en procesos judiciales, es considerado cercano al mandatario. Dídima Rico ha sido reconocida por su trabajo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mientras que Karena Caselles ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y cuenta con amplia experiencia en derecho laboral.
Aunque la inclusión de dos mujeres fue vista inicialmente como un paso hacia la equidad de género, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación al considerar que la terna no garantiza una verdadera paridad. “El hecho de que dos de los tres nombres sean mujeres no implica necesariamente una competencia equitativa si la figura masculina parte con ventaja por afinidad política o por mayor visibilidad”, advirtió la funcionaria.
El debate gira en torno a si la paridad debe entenderse solo como una proporción numérica o si también debe considerarse el contexto político y el impacto real en la toma de decisiones. La preocupación de la Defensora radica en que la terna, en la práctica, podría limitar las posibilidades de que una mujer acceda a ese alto tribunal, lo que contradiría los avances que el país ha logrado en representación de género en los órganos de justicia.
El presidente Petro, por su parte, ha defendido la idoneidad de los tres postulados, asegurando que la selección se basó en criterios de méritos y compromiso con la justicia social, principios que —según el Ejecutivo— deben primar en la Corte Constitucional.
La terna será ahora estudiada por el Senado de la República, que deberá elegir al próximo magistrado o magistrada. La Corte Constitucional juega un papel clave en la defensa de los derechos fundamentales, el control constitucional de las leyes y el equilibrio entre los poderes del Estado, por lo que esta elección ha despertado gran atención tanto en el ámbito político como en el jurídico.
Con esta nominación, el Gobierno busca reforzar su presencia en las altas cortes, una estrategia que ha sido interpretada por algunos sectores como parte de un intento por alinear las instituciones judiciales con el proyecto político del “Gobierno del Cambio”. Sin embargo, voces críticas como la de la Defensoría del Pueblo insisten en que ese objetivo no debe hacerse a costa del principio de paridad de género.
La fecha de la votación en el Senado aún no ha sido definida, pero se espera que el debate político y jurídico en torno a esta elección se intensifique en los próximos días.
