La captura en Bogotá de Andrés Rojas, alias ‘Araña’, negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB), generó una profunda crisis en la mesa de diálogo con el Gobierno colombiano, obligando a las partes a reconfigurar el proceso y establecer nuevas condiciones para continuar las conversaciones.
Rojas, solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fue detenido el pasado 12 de febrero, pese a que desde el año pasado se habían suspendido las órdenes de captura contra los negociadores como parte del proceso de paz. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que la medida no aplica a órdenes internacionales, lo que reavivó tensiones con el grupo armado.
Ante este panorama, las delegaciones del Gobierno y de la CN-EB se reunieron en Tumaco (Nariño) para buscar salidas a la crisis. Como resultado, se acordó relanzar la mesa de negociación el próximo 10 de abril, con el fin de reactivar los compromisos mutuos y avanzar en una agenda que había quedado en suspenso.
“El 10 de abril del presente año se llevará a cabo el relanzamiento de la mesa de diálogos de paz para presentar los resultados y compromisos entre la delegación del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional EB”, señaló el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño.
Nuevas apuestas por el territorio y el cese al fuego
Junto al anuncio, se definieron pasos concretos para avanzar en la construcción de paz: una subcomisión se encargará de identificar zonas en Nariño y Putumayo donde se implementarán planes de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo económico alternativo. Asimismo, se trabajará en la planificación de un cese al fuego bilateral, temporal y territorial que permita el tránsito de los combatientes hacia la vida civil.
El proceso también contempla temas como transformaciones territoriales, seguridad jurídica para miembros del grupo armado y garantías para su participación política, según lo pactado a finales de 2024.
El acuerdo fue firmado por los jefes negociadores, Armando Novoa por parte del Gobierno, y alias ‘Walter Mendoza’ por la CN-EB, con el respaldo de garantes internacionales como la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia.
