El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, se pronunció este martes 17 de febrero sobre el retiro del general de la Policía Edwin Urrego, una decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro tras conocerse una denuncia anónima que advertía sobre un presunto complot en su contra.
En entrevista con Caracol Radio, Idárraga explicó que su despacho no tuvo participación directa en la recepción, evaluación ni trámite de la denuncia. Según indicó, se enteró del caso a través de la información publicada en medios de comunicación, una vez la situación ya había generado decisiones administrativas dentro del Gobierno.
El funcionario precisó que la denuncia anónima no pasó por la Secretaría de Transparencia y que, de acuerdo con los procedimientos internos del Palacio de Nariño, la correspondencia fue remitida a la jefatura de protección presidencial, al general retirado Humberto Guatibonza, por considerarse el área competente para analizar ese tipo de comunicaciones relacionadas con la seguridad del jefe de Estado.
Durante la entrevista, Idárraga señaló que las denuncias anónimas deben ser tratadas con especial cuidado dentro de la institucionalidad, respetando los canales establecidos y los criterios de verificación correspondientes. En ese contexto, manifestó que, a su juicio personal, el caso del general Urrego deja abiertas discusiones sobre los procesos internos y la solidez de la información que sustenta decisiones de alto impacto administrativo.
El retiro del oficial se produjo en un escenario de especial sensibilidad política y de seguridad, en el que el Gobierno ha reiterado la necesidad de atender cualquier alerta que pueda comprometer la integridad del presidente. No obstante, las declaraciones del secretario de Transparencia se limitaron a aclarar su rol y a describir el recorrido institucional de la denuncia, sin cuestionar formalmente las competencias de otras dependencias ni la decisión final adoptada.
El pronunciamiento aporta elementos adicionales para entender cómo se manejó internamente el caso, en medio del debate público que ha generado la salida del general Urrego de la Policía Nacional de Colombia.
Un debate que trasciende el caso puntual
Más allá del nombre de Urrego, la entrevista reactivó el debate sobre cómo se procesan las denuncias anónimas dentro del Estado, quién las evalúa y bajo qué criterios se adoptan decisiones que pueden alterar la estructura de la Fuerza Pública. También puso sobre la mesa la tensión interna entre seguridad presidencial, transparencia y garantías procesales.
Las palabras de Idárraga no revierten la decisión ya tomada, pero sí dejan un mensaje claro desde el corazón del Gobierno: no toda alerta, por grave que parezca, puede convertirse automáticamente en verdad institucional sin pasar por los filtros adecuados. En un contexto político polarizado, esa advertencia cobra un peso especial.
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, también explicó que el correo referenciado como “pacotransparencia” no fue utilizado para evaluar ni tramitar la denuncia anónima conocida públicamente. Según indicó, el mensaje fue redirigido conforme a las competencias internas del Palacio de Nariño, razón por la cual su despacho no participó en el análisis, verificación ni valoración del contenido, limitándose el procedimiento a las dependencias responsables del tema de seguridad presidencial.
