Por años, la figura de Nicolás Maduro ha dividido a la comunidad internacional. Hoy, esa fractura política se traduce en una pregunta jurídica de enorme calado: ¿puede un líder no reconocido como presidente reclamar inmunidad ante la justicia de Estados Unidos?
Cuando Nicolás Maduro habla de persecución política, millones de venezolanos recuerdan algo distinto: crisis económica, migración forzada y un país fragmentado. Mientras tanto, en los despachos judiciales de Estados Unidos, su nombre no aparece como el de un jefe de Estado protegido por la diplomacia, sino como el de un acusado por delitos graves.
El contraste no es solo legal. Es profundamente humano. Un presidente para unos, un acusado para otros.
Para el gobierno venezolano, Maduro sigue siendo el presidente en ejercicio. Para Washington y para buena parte de la comunidad internacional no lo es.
Desde 2019, EEUU. dejó claro que no reconoce su legitimidad como mandatario de Venezuela. Esa decisión, aparentemente diplomática, tiene consecuencias directas en los tribunales.
En el sistema estadounidense, los jueces siguen la postura del poder ejecutivo en materia de reconocimiento internacional. Y sin reconocimiento, la figura de la inmunidad presidencial pierde su principal sustento.
La inmunidad: un escudo que no siempre protege
La inmunidad de jefe de Estado existe para proteger la soberanía de los países, no para blindar a personas frente a acusaciones de delitos que trascienden fronteras.
En este caso, los cargos que pesan sobre Maduro —relacionados con narcotráfico y conspiración criminal, no encajan fácilmente en la idea de “actos oficiales” de gobierno.
Para los fiscales estadounidenses, no se trata de juzgar decisiones políticas, sino conductas criminales. Para la defensa, en cambio, el argumento es otro: Maduro sigue ejerciendo poder real y, por tanto, debería ser tratado como presidente. Ese choque de narrativas se libra hoy en el terreno judicial.
Detrás del expediente, un país que espera
Mientras abogados debaten conceptos como “inmunidad” y “reconocimiento”, millones de venezolanos siguen fuera de su país, otros sobreviven con salarios mínimos que no alcanzan para comer y muchos más esperan justicia por abusos que nunca llegaron a los tribunales.
Para ellos, el proceso contra Maduro no es un tecnicismo legal. Es un símbolo:
Para algunos, una oportunidad de rendición de cuentas, Para otros, una confirmación de que la política internacional sigue decidiendo el destino de Venezuela.
En la práctica, es poco probable.
Sin reconocimiento oficial como presidente y con cargos penales graves en curso, los tribunales estadounidenses tienen argumentos sólidos para negar la inmunidad. No sería la primera vez que ocurre: otros líderes no reconocidos han visto rechazados reclamos similares.
Más allá de lo jurídico, el mensaje es claro: la legitimidad política y la responsabilidad penal ya no siempre viajan juntas.
Una decisión que va más allá de Maduro
Lo que se decida en este caso sentará un precedente. No solo para Venezuela, sino para otros escenarios donde líderes cuestionados buscan refugio en la inmunidad mientras enfrentan acusaciones internacionales.
Al final, la pregunta no es solo si Maduro es presidente o no.
La pregunta de fondo es hasta dónde llega la justicia internacional cuando la política deja vacíos, y quién responde cuando el poder se ejerce sin reconocimiento ni consenso.
Porque mientras los tribunales deciden, la historia detrás de Venezuela sigue esperando respuestas.
