La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que modificó los determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y creó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
Según el concepto entregado al alto tribunal, la disposición podría afectar la autonomía de las entidades territoriales y las competencias de los concejos municipales, reconocidas en los artículos 1, 287, 288, 311 y 313 de la Constitución.
El Ministerio Público explicó que, aunque Colombia es un Estado unitario, el legislador debe conciliar este principio con la descentralización y la autonomía local. Para la entidad, la norma cuestionada limita las facultades de los municipios en la definición de usos del suelo, lo que podría desbordar el marco constitucional.
La Procuraduría recordó que la jurisprudencia ha señalado que las leyes en materia de ordenamiento territorial deben respetar el núcleo esencial de la autonomía territorial y establecer un sistema equilibrado de competencias entre la Nación y las entidades locales.
