La protección asignada a Juliana Guerrero vuelve a generar controversia. Mientras desde el Gobierno se cuestiona el uso de recursos públicos para proteger a una persona que actualmente no ocupa un cargo oficial, la UNP mantiene abierta una nueva evaluación de riesgo.
La discusión alrededor del esquema de seguridad de Juliana Guerrero volvió a cobrar fuerza luego de las críticas del presidente Abelardo De La Espriella al manejo que, según su Gobierno, recibió durante la anterior administración.
El mandatario cuestionó que durante el gobierno de Gustavo Petro se hubieran destinado recursos públicos para garantizar protección a Guerrero, quien actualmente no desempeña un cargo público.
“La tenían viviendo sabroso”, habría señalado el Presidente al referirse al esquema de seguridad y a los vehículos asignados para su protección.
La polémica, sin embargo, tiene un elemento que resulta clave: la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no depende exclusivamente de que una persona ocupe o no un cargo público. Las medidas pueden ser asignadas cuando una evaluación determina la existencia de un nivel de riesgo que las justifique.
Y precisamente ese es el argumento que ha rodeado el caso de Guerrero.
¿Qué está evaluando la UNP?
Guerrero ha sostenido que su esquema de seguridad no ha sido retirado definitivamente y que la UNP adelanta una nueva valoración de riesgo para determinar las medidas que debe mantener.
La controversia se originó meses atrás, cuando comenzaron a circular versiones sobre un supuesto despliegue de varios vehículos blindados y numerosos escoltas.
La propia UNP salió entonces a precisar que las versiones divulgadas en redes sociales no correspondían con el esquema oficialmente asignado. Según la información conocida, la protección contemplaba un vehículo blindado y dos escoltas, después de una valoración que estableció un nivel de riesgo extraordinario.
Ahora, el debate vuelve a poner bajo la lupa el costo que representa mantener este tipo de esquemas y, especialmente, quiénes deben tener prioridad en la asignación de los recursos destinados a protección.
El otro frente: el proceso judicial
La controversia política se produce además mientras Juliana Guerrero enfrenta un proceso judicial relacionado con las presuntas irregularidades en sus títulos académicos.
La Fiscalía la imputó por fraude procesal y posteriormente anunció que sería llevada a juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Guerrero ha rechazado las acusaciones.
El proceso judicial y la discusión sobre su esquema de seguridad son asuntos diferentes. Sin embargo, ambos han terminado cruzándose en el debate público sobre la utilización de recursos estatales para su protección.
¿Privilegio o protección ante un riesgo real?
La pregunta que queda sobre la mesa no es simplemente si Guerrero ocupa o no un cargo público.
El punto central es qué determinó la evaluación de riesgo de la UNP, quién la realizó, qué amenazas fueron identificadas y cuánto le cuesta al Estado mantener las medidas de protección.
Si existe un riesgo extraordinario debidamente acreditado, la protección estatal tendría una justificación independientemente del cargo que desempeñe la persona.
Pero si ese riesgo ha desaparecido o las condiciones que dieron origen al esquema cambiaron, corresponde a la UNP revisar las medidas y determinar si deben mantenerse, reducirse o levantarse.
Por ahora, no puede afirmarse que el esquema haya sido retirado definitivamente. Lo que existe es una nueva evaluación que deberá establecer el futuro de la protección.
La controversia, entretanto, deja abierta una pregunta que merece una respuesta pública: ¿cuánto dinero de los colombianos se ha destinado a proteger a Juliana Guerrero y bajo qué criterios se autorizó y mantuvo ese esquema?
