Asumir el Ministerio de Defensa en el último tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro significaba aceptar uno de los mayores desafíos de la administración nacional. El país enfrentaba una compleja combinación de factores: el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, el crecimiento de las economías criminales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal, una creciente presión sobre la Fuerza Pública y un intenso debate nacional alrededor de la implementación de la política de Paz Total.
En ese escenario llegó al Ministerio el mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, un oficial con más de tres décadas de servicio a Colombia, reconocido por su disciplina, formación estratégica y capacidad de liderazgo. Su nombramiento, lejos de ser una decisión rutinaria, representó una apuesta del presidente Gustavo Petro por confiar la conducción de la seguridad nacional a un militar retirado con amplio conocimiento del conflicto colombiano.
Su paso por la cartera de Defensa estuvo marcado por decisiones difíciles, escenarios de alta presión y una realidad operacional que obligaba a responder simultáneamente a las amenazas del crimen organizado y a los retos derivados de una política gubernamental orientada a buscar negociaciones con diversos actores armados.
Una vida dedicada al servicio de Colombia
Mucho antes de llegar al Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez había construido una carrera ejemplar dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante más de 35 años ocupó cargos de alta responsabilidad operacional y administrativa, acumulando miles de horas de vuelo, formación en estrategia militar y experiencia en operaciones especiales.
Su hoja de vida incluye estudios superiores en seguridad, defensa y liderazgo tanto en Colombia como en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde fortaleció sus conocimientos sobre planeación estratégica y cooperación internacional.
Entre sus responsabilidades estuvieron la dirección de unidades operacionales, el desarrollo de doctrina militar, la coordinación de operaciones aéreas y la protección presidencial, funciones que consolidaron su reputación como un oficial metódico, técnico y orientado a resultados.
Pero fue en 2023 cuando su nombre alcanzó reconocimiento internacional al liderar la Operación Esperanza, considerada una de las misiones humanitarias más importantes en la historia reciente de Colombia.
Durante cuarenta días dirigió la compleja búsqueda de cuatro niños indígenas que sobrevivieron en la selva amazónica tras un accidente aéreo. La operación unió capacidades de las Fuerzas Militares con el conocimiento ancestral de comunidades indígenas y culminó con el rescate con vida de los menores, un hecho que despertó admiración dentro y fuera del país.
Aquella misión demostró no solamente capacidad militar sino también liderazgo humano, coordinación interinstitucional y una visión estratégica capaz de integrar ciencia, tecnología, inteligencia y saberes ancestrales.
La llegada al Ministerio: un desafío sin precedentes
Cuando el presidente Gustavo Petro lo designó ministro de Defensa en febrero de 2025, el país atravesaba uno de los momentos más delicados en materia de seguridad.
En varias regiones aumentaban las acciones del ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el control territorial.
Al mismo tiempo, la implementación de la política de Paz Total generaba intensos debates. Mientras el Gobierno defendía los diálogos con diferentes grupos armados como una apuesta para reducir la violencia, diversos sectores políticos, académicos, militares retirados y organizaciones sociales advertían que algunos ceses al fuego podían ser aprovechados por estructuras ilegales para reorganizarse, ampliar su presencia territorial y fortalecer sus economías ilícitas.
Fue precisamente en medio de esa compleja coyuntura cuando Pedro Sánchez asumió el liderazgo del Ministerio de Defensa.
Combatir la criminalidad con limitaciones estratégicas
Uno de los mayores retos de su administración consistió en desarrollar una estrategia efectiva contra la criminalidad sin desconocer los lineamientos del Gobierno Nacional en materia de negociación y construcción de paz.
No era una tarea sencilla.
Mientras las Fuerzas Militares buscaban contener el avance de organizaciones armadas ilegales, el Ministerio debía actuar dentro del marco de una política pública que priorizaba la búsqueda de acuerdos con algunos de esos actores.
Ese equilibrio convirtió la gestión de Pedro Sánchez en una de las más complejas de los últimos años.
Diversos analistas coincidieron en señalar que la Paz Total terminó convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para la política de seguridad. En distintas regiones persistieron denuncias sobre el fortalecimiento de estructuras criminales durante algunos periodos de cese al fuego, lo que obligó a replantear estrategias operacionales y reforzar la presencia institucional del Estado.
El propio ministro reconoció públicamente que varios mecanismos requerían ajustes para impedir que organizaciones ilegales aprovecharan esos espacios para expandirse.
Lejos de desconocer las dificultades, defendió una postura basada en el fortalecimiento de la inteligencia militar, la coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y el incremento de operaciones dirigidas contra economías ilícitas y cabecillas de organizaciones criminales.
Su mensaje fue constante: la paz solo sería sostenible si el Estado mantenía una capacidad real para enfrentar a quienes continuaran delinquiendo.
Un liderazgo institucional en medio de la tormenta
A diferencia de otros momentos de la política colombiana, Pedro Sánchez optó por mantener un perfil institucional.
Rara vez respondió a las controversias desde la confrontación política.
Su discurso estuvo orientado hacia la defensa de la institucionalidad, el respaldo permanente a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y el reconocimiento del sacrificio diario de miles de uniformados desplegados en zonas de alta complejidad.
Quienes trabajaron con él destacan un estilo de liderazgo basado en la disciplina, el análisis técnico y la toma de decisiones sustentadas en información operacional.
Durante su administración se fortalecieron operaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales que afectaban especialmente a comunidades rurales, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Aunque los desafíos persistieron, el Ministerio reportó resultados en la afectación de organizaciones ilegales, incautaciones de estupefacientes, destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y operaciones encaminadas a recuperar el control institucional en regiones estratégicas.
La relación con la Fuerza Pública
Uno de los aspectos más valorados durante su gestión fue la confianza que logró mantener con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Su condición de militar retirado facilitó la comunicación con los mandos institucionales, al tiempo que permitió comprender las necesidades operacionales de quienes diariamente enfrentaban las amenazas del conflicto armado.
Esa cercanía contribuyó a fortalecer la moral institucional en un periodo caracterizado por fuertes cuestionamientos sobre el papel de la Fuerza Pública dentro del modelo de seguridad del Gobierno.
Un balance que trasciende las cifras
Evaluar la gestión de un Ministerio de Defensa exige mucho más que revisar estadísticas de capturas, incautaciones o bajas en combate. La seguridad nacional es el resultado de factores políticos, judiciales, económicos y sociales que, en muchas ocasiones, escapan al control directo de quien dirige la cartera.
Pedro Arnulfo Sánchez recibió el Ministerio en uno de los momentos más críticos de la seguridad colombiana. El país enfrentaba el fortalecimiento de las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales que, alimentadas por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, habían ampliado su capacidad de financiación, reclutamiento y control territorial. A ello se sumaba un debate nacional sobre la implementación de la política de Paz Total, cuyos resultados dividían a la opinión pública y a los expertos en seguridad.
Ese planteamiento se reflejó en las decisiones operacionales. Bajo su dirección se intensificaron las operaciones ofensivas contra el ELN en el Catatumbo, se fortalecieron las acciones contra el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y las redes dedicadas al narcotráfico, además de incrementarse la presión militar en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y otras regiones consideradas estratégicas por la presencia de estructuras criminales. El Ministerio reportó un aumento significativo en la intensidad de las operaciones militares y en la recuperación del control territorial en zonas donde la presencia del Estado había disminuido.
Los balances oficiales de su administración dan cuenta de miles de integrantes de grupos armados neutralizados mediante capturas, sometimientos y bajas en desarrollo de operaciones militares, afectaciones a las finanzas del narcotráfico, destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína, incautaciones de armamento y explosivos, así como golpes dirigidos contra las principales economías ilegales que financian el conflicto.
Uno de los aspectos que marcó su gestión fue que no le tembló el pulso para ordenar el endurecimiento de la ofensiva militar cuando consideró que algunos grupos armados estaban utilizando los procesos de negociación para fortalecerse militarmente. Aunque respaldó la búsqueda de soluciones negociadas dentro del marco fijado por el Gobierno Nacional, dejó claro que la Fuerza Pública mantendría la obligación constitucional de actuar contra quienes continuaran secuestrando, extorsionando, reclutando menores, traficando drogas o atacando a la población civil y a los uniformados. Esa posición coincidió con un giro del Gobierno hacia una estrategia de mayor presión militar sobre las organizaciones que incumplieron compromisos o persistieron en acciones violentas.
Por ello, el legado de Pedro Arnulfo Sánchez no puede medirse únicamente por una relación de operaciones militares. Su administración representó el intento de recuperar la iniciativa del Estado frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas, en un escenario donde se inistian en la búsqueda de la paz y la obligación constitucional de proteger a los colombianos. Esa combinación de diálogo cuando era posible y firmeza cuando las circunstancias lo exigían definió el sello de una gestión que debió desenvolverse en uno de los contextos más complejos de la seguridad nacional en las últimas décadas.
Al concluir el gobierno de Gustavo Petro, Pedro Arnulfo Sánchez deja la imagen de un servidor público que asumió responsabilidades extraordinarias en circunstancias excepcionales.
En un país donde la seguridad sigue siendo uno de los mayores desafíos del Estado, Pedro Arnulfo Sánchez deja un balance marcado por decisiones difíciles y una conducción firme del Ministerio de Defensa durante el primer gobierno de izquierda en Colombia. Sus logros quedará como uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la defensa colombiana.
