El ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, dejó tres militares muertos y varios uniformados heridos. El Gobierno respondió anunciando una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, con Ocaña como centro de operaciones contra el ELN y otras estructuras criminales.
Ocaña amaneció nuevamente bajo la tensión de la guerra. En la noche del viernes 4 de septiembre, un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) golpeó el Cantón Militar El Trapiche, donde funciona el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.
La ofensiva fue ejecutada mediante un enjambre de drones cargados con explosivos que impactaron las instalaciones militares. El ataque desencadenó posteriormente combates en la zona y dejó un saldo de tres militares muertos y varios heridos. Las víctimas fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez.
El ataque también afectó una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana y generó preocupación por el riesgo que representó para los habitantes de sectores cercanos al cantón militar. El Ministerio de Defensa calificó los hechos como una grave vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Ocaña se convierte en centro de la respuesta militar
La reacción del Gobierno no tardó en llegar. Tras un consejo de seguridad realizado en Ocaña, el Ministerio de Defensa anunció una nueva estrategia para el Catatumbo, con el municipio como uno de los principales centros de coordinación de la ofensiva contra los grupos armados.
Uno de los anuncios más importantes fue la reestructuración y reorganización de la campaña militar y policial Esparta, que tendrá su sede en Ocaña y concentrará las capacidades del Ejército, la Policía y los organismos de inteligencia para enfrentar al ELN y otras estructuras criminales.
La estrategia también contempla reforzar el control de los corredores utilizados por las organizaciones armadas para movilizar hombres, armas, explosivos y recursos provenientes de las economías ilícitas, especialmente en las rutas que conectan el sur del Cesar con Ocaña.
Pero la nueva ofensiva no se limitará a las operaciones militares.
Inteligencia y judicialización, las nuevas prioridades
El Gobierno anunció la puesta en funcionamiento en Ocaña del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT), destinado a integrar información de las Fuerzas Militares, la Policía y otras entidades del Estado.
El objetivo será anticipar ataques, identificar a los responsables, ubicar estructuras criminales y entregar información que permita orientar las operaciones contra el ELN, las disidencias de las Farc y otras organizaciones que tienen presencia en el Catatumbo.
A esta estructura se sumará el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT), concebido para mejorar la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía y acelerar los procesos de investigación y judicialización.
También fueron anunciadas recompensas por información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas del ELN que delinquen en la región.
El presidente advirtió al ELN:
“Por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado.”
Y agregó que los perseguirán y combatirán “sin descanso”.
Ojo: esta es la fuente oficial que te recomiendo citar en la nota. Allí aparece directamente lo que dijo el presidente, no una interpretación de otro medios.
El Catatumbo vuelve a estar en el centro de la guerra
El ataque de Ocaña no es un hecho aislado. El Catatumbo continúa siendo una de las zonas más complejas del conflicto armado colombiano, debido a la presencia de diferentes organizaciones ilegales y al control territorial asociado a economías ilícitas.
La región, además, tiene un enorme valor estratégico por su cercanía con la frontera venezolana y por los corredores utilizados por los grupos armados.
Para el Gobierno, la respuesta pasa ahora por golpear no solamente a los hombres armados, sino también a los mandos, las finanzas y las economías ilícitas que sostienen sus estructuras.
La decisión marca un endurecimiento de la política de seguridad en una región donde los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil siguen representando uno de los principales desafíos para el Estado.
Tres militares que no regresarán a casa
Detrás de las cifras quedan las historias de tres integrantes de la Fuerza Pública que murieron en cumplimiento de su misión.
El capitán Marco David Pirajón Montezuma, y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, se convirtieron en las nuevas víctimas de una confrontación que continúa cobrándose vidas en Norte de Santander.
Mientras sus familias enfrentan el duelo, el Gobierno prepara una respuesta que busca cambiar el escenario operativo en Ocaña y el Catatumbo.
La pregunta ahora es si la nueva ofensiva logrará recuperar el control territorial y reducir la capacidad de ataque del ELN, o si la escalada de acciones armadas terminará abriendo un nuevo capítulo de violencia en una región que lleva años atrapada en el conflicto.
