Más de cien personas en canoas impidieron una operación militar contra la minería ilegal
Una nueva asonada se registró en el departamento del Caquetá, cuando un grupo estimado en más de cien personas, movilizadas en canoas por un río de la región, bloqueó una operación de control adelantada por el Ejército Nacional de Colombia contra la minería ilegal. La acción colectiva rodeó a los uniformados, impidió la continuidad del procedimiento y terminó con la retención de la maquinaria que iba a ser incautada y destruida.
Según información preliminar de fuentes militares, el operativo tenía como objetivo desmantelar frentes de extracción ilícita de minerales que operan en zonas ribereñas, una práctica que ha generado deforestación acelerada, contaminación de fuentes hídricas y financiación de economías ilegales en el sur del país. Sin embargo, la intervención fue frustrada cuando los militares fueron cercados por la multitud, que llegó de forma coordinada por el afluente.
Bloqueo y presión sobre los uniformados
Los participantes de la asonada descendieron de las canoas y rodearon a las tropas, ejerciendo presión física y verbal para forzar la suspensión del procedimiento. Ante el riesgo de una confrontación mayor y la posibilidad de poner en peligro la integridad de civiles y soldados, el Ejército optó por replegarse. En medio de la retirada, la maquinaria utilizada para la explotación ilegal quedó en poder de los manifestantes.
Las autoridades investigan si la movilización fue espontánea o si existió una convocatoria previa impulsada por estructuras criminales que se benefician de la minería ilegal. En otros territorios del país, este tipo de asonadas ha sido utilizado como mecanismo para frenar la acción del Estado y proteger rentas ilícitas.
Minería ilegal y control territorial
La minería ilegal en Caquetá se ha expandido en corredores fluviales de difícil acceso, donde la presencia institucional es limitada y los grupos armados ilegales ejercen control social y económico. Estas actividades no solo degradan el medio ambiente, sino que también afectan a comunidades locales, al contaminar ríos con mercurio y alterar ecosistemas estratégicos.
Desde el sector Defensa se ha reiterado que las operaciones contra la minería ilegal continuarán y que este tipo de acciones colectivas constituyen delitos que serán judicializados. Asimismo, se evalúa reforzar la coordinación con la Fiscalía y otras entidades del Estado para identificar a los responsables de la asonada y recuperar la maquinaria retenida.
Llamado a garantizar la autoridad
El hecho vuelve a encender las alertas sobre la creciente resistencia violenta a la autoridad en zonas donde confluyen economías ilegales y ausencia histórica del Estado. Voceros oficiales insistieron en que la protección del medio ambiente y la lucha contra la minería ilegal son prioridades nacionales, y advirtieron que impedir operativos oficiales pone en riesgo la seguridad y el orden público en la región.
Por ahora, el Ejército mantiene presencia en el área y prepara nuevas acciones, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades penales por la asonada registrada.
