El organismo de derechos humanos advirtió sobre el aumento de mensajes intimidatorios dirigidos contra el registrador nacional, los funcionarios de la Registraduría y la organización electoral. Además, solicitó acciones urgentes para proteger a los servidores públicos y frenar la violencia en los entornos digitales.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la circulación de mensajes intimidatorios y publicaciones que promueven actos de violencia contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, así como contra los funcionarios de la Registraduría Nacional y sus instalaciones.
En un pronunciamiento divulgado este jueves, la entidad señaló que estas amenazas han sido difundidas principalmente desde cuentas anónimas en redes sociales, en medio de una ola de publicaciones que buscan desacreditar al registrador y a la organización electoral mediante acusaciones de fraude que, según indicó, no han sido presentadas a través de los canales institucionales establecidos para tramitar denuncias e inconformidades.
La Defensoría advirtió que este tipo de mensajes no solo deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, sino que también pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de quienes tienen la responsabilidad de organizar y garantizar el desarrollo de los procesos electorales en el país.
«Rechazamos estos actos de amenaza y hostigamiento contra quienes integran la organización electoral y expresamos nuestra solidaridad con quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos», manifestó la entidad.
Piden que las diferencias se tramiten por la vía institucional
El organismo recordó que en una democracia es legítimo cuestionar los procesos y los resultados electorales, pero insistió en que esas diferencias deben resolverse de manera pacífica y mediante los mecanismos previstos por la Constitución y la ley.
Asimismo, destacó que la Registraduría Nacional desarrolla su labor bajo procedimientos de auditoría, verificación y observación, por lo que proteger a sus funcionarios resulta fundamental para garantizar la transparencia, la confianza pública y el normal desarrollo de las elecciones.
Las solicitudes de la Defensoría
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo pidió la intervención de varias autoridades e instituciones.
Solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones necesarias para establecer el origen de las amenazas, preservar la evidencia digital e identificar a los responsables de los mensajes que puedan constituir conductas delictivas.
También pidió a la Unidad Nacional de Protección evaluar nuevamente el nivel de riesgo del registrador nacional y de los servidores de la Registraduría, con el propósito de adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias.
A las empresas administradoras de redes sociales y plataformas digitales les solicitó actuar con mayor diligencia frente a los contenidos que promuevan amenazas o inciten a la violencia, fortaleciendo las labores de moderación y retiro de publicaciones que vulneren la convivencia democrática.
Finalmente, hizo un llamado a las instituciones públicas, a los sectores políticos y a las organizaciones sociales para rechazar cualquier forma de violencia, promover el diálogo y contribuir a que las diferencias políticas se tramiten por las vías legales e institucionales.
Un llamado a proteger la democracia
La Defensoría del Pueblo concluyó que quienes ocupan cargos públicos o cuentan con una amplia influencia en la opinión pública tienen una responsabilidad especial de contribuir a disminuir la polarización y evitar discursos que puedan poner en riesgo la vida de las personas o debilitar la confianza en las instituciones.
La entidad reiteró que no puede haber espacio para la violencia en la política y aseguró que continuará realizando seguimiento a esta situación en cumplimiento de su misión constitucional de proteger los derechos humanos y fortalecer las garantías democráticas en Colombia.
