“Hasta me tengo que cuidar en los pasillos de mi lugar donde trabajo porque me toca andar contra la pared”.
La Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) definió como prioridad absoluta la seguridad del presidente Gustavo Petro, tras una reunión extraordinaria en la que se evaluaron las condiciones de protección del jefe de Estado y la calidad de la información de riesgo que llega a su despacho.
El encuentro fue convocado luego de que el mandatario expresara en distintos escenarios públicos su preocupación por eventuales amenazas contra su vida. La sesión estuvo liderada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y contó con la participación de la cúpula militar y de Policía, así como de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
Revisión de alertas y cadena de información
Uno de los ejes centrales de la reunión fue examinar y verificar la información que recibe el Presidente, así como los protocolos de validación de alertas tempranas. En ese contexto, se revisaron los flujos de reporte, los filtros de análisis y la trazabilidad de los insumos de inteligencia, con el objetivo de evitar fallas, sesgos o filtraciones que puedan distorsionar la toma de decisiones.
La JIC también abordó el impacto institucional del anónimo que derivó en la salida de dos altos oficiales de la Policía, un episodio que llevó a reforzar los controles sobre la credibilidad, corroboración y responsabilidad en la producción y circulación de información sensible. Fuentes oficiales señalaron que el caso se estudia como un precedente para ajustar estándares de verificación y fortalecer la contrainteligencia.
Articulación interinstitucional
En la reunión intervinieron la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Jefatura de Protección Presidencial, en un ejercicio de articulación para anticipar, prevenir y neutralizar posibles riesgos, incluyendo amenazas híbridas y financieras que puedan incidir en la seguridad del mandatario.
El ministro Sánchez reiteró que la protección del jefe de Estado constituye un asunto de Estado. “Nada puede ni debe ocurrirle al Presidente de la República. He ordenado activar y reforzar todas las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, en coordinación con organismos internacionales, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza”, afirmó.
Decisiones operacionales y control judicial
De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, toda la información obtenida será analizada en el marco de la JIC para adoptar las decisiones operacionales correspondientes y ajustar los esquemas de protección cuando sea necesario. Asimismo, los hallazgos relevantes serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones judiciales que se deriven.
Finalmente, la JIC acordó sesiones de seguimiento periódicas para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y garantizar que las alertas que lleguen al Presidente cumplan con criterios estrictos de veracidad, oportunidad y respaldo probatorio, minimizando riesgos y fortaleciendo la confianza institucional.
