Beneficiarios denuncian fallas mecánicas, trato desigual y posibles favorecimientos internos
La Unidad Nacional de Protección (UNP) abrió una investigación disciplinaria contra el jefe del Grupo de Automotores, Rafael Barreto, tras una queja presentada por un beneficiario del programa de protección.
El proceso, fue iniciado por la Oficina de Control Disciplinario Interno, luego de una denuncia radicada por presunto favorecimiento en la asignación de vehículos, La actuación se adelanta en el marco de la Ley 1952 de 2019, que regula el régimen disciplinario de los servidores públicos.
Fallas en los vehículos asignados
De acuerdo con testimonios recopilados por este medio, varios beneficiarios del esquema de protección han reportado problemas recurrentes en los vehículos asignados.
Las quejas incluyen fallas mecánicas, pérdida de potencia, desgaste estructural y demoras en las reparaciones. En algunos casos, los automotores presentan daños poco tiempo después de haber sido entregados.
Al menos cinco casos documentados evidencian un patrón: solicitudes reiteradas de cambio de vehículo, respuestas tardías por parte de la entidad y persistencia de condiciones de riesgo durante los desplazamientos.
Uno de los casos corresponde a un protegido en Barranquilla, quien cuenta con un esquema que incluye vehículo blindado y tres hombres de seguridad. Según su testimonio, ha recibido automotores en condiciones deficientes desde el inicio, incluso después de haber sido víctima de un atentado.
Denuncia desde Sucre: señalamientos de red interna
Un beneficiario en el departamento de Sucre describe una situación más compleja al interior de la entidad.
Según su relato, existiría una presunta red interna que influye en la asignación de vehículos. Asegura que algunos protegidos reciben automotores nuevos o en mejores condiciones, mientras otros deben operar con vehículos deteriorados.
El denunciante señala que los cambios de vehículo no siempre responden a criterios técnicos o de riesgo, sino a factores como cercanía con funcionarios o presiones internas.
También menciona, de manera extraoficial, la posible existencia de cobros irregulares para agilizar la asignación o el cambio de vehículos. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades.
Impacto en la seguridad de los beneficiarios
Los protegidos advierten que esta situación afecta directamente sus derechos fundamentales, entre ellos la vida, la seguridad personal, la movilidad y el trabajo.
Las fallas en los vehículos obligan, en algunos casos, a suspender desplazamientos o a realizarlos en condiciones inseguras. Equipos de protección han tenido que recurrir a vehículos particulares o no adecuados para el nivel de riesgo.
Esto genera, según los testimonios, un aumento en la vulnerabilidad tanto de los beneficiarios como del personal de seguridad, además de un ambiente de estrés e incertidumbre constante.
Varios denunciantes coinciden en que existirían diferencias en la asignación de los vehículos dentro del programa.
Mientras algunos beneficiarios reciben automotores en buen estado o cero kilómetro, otros deben operar con vehículos modelos viejos que presentan fallas constantes.
Adicionalmente, se han reportado presuntos comentarios estigmatizantes y descriminatorio por parte del jefe de automotores Rafael Barreto dentro de la entidad, en los que se haría referencia a categorías como “protegidos ricos” y “protegidos pobres”, lo que ha generado inconformidad y percepción de trato desigual.
Debate sobre la responsabilidad
Frente a estas situaciones, algunos funcionarios han atribuido la responsabilidad del estado de los vehículos a las empresas rentadoras.
Sin embargo, fuentes del sector y exfuncionarios consultados señalan que las empresas proveedoras no tienen contacto directo con los beneficiarios ni participan en la asignación de los automotores.
Según estas fuentes, la distribución y asignación de los vehículos es responsabilidad exclusiva de la UNP, mientras que las rentadoras se limitan a cumplir con las condiciones contractuales establecidas.
Investigación en curso
En la comunicación oficial enviada a la denunciante, la UNP confirmó la apertura del proceso disciplinario, aunque aclaró que este tipo de actuaciones tienen carácter reservado.
Asimismo, indicó que la participación del quejoso se limita a la presentación de pruebas y al seguimiento del proceso conforme a lo establecido en la ley.
Sin pronunciamiento oficial de fondo
Pese a las quejas de los usuarios hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no ha emitido un pronunciamiento público de fondo frente a estas denuncias públicas.
Los beneficiarios solicitan la intervención de los organismos de control para esclarecer los hechos y garantizar condiciones dignas, equitativas y seguras dentro del programa de protección.
Seguridad sobre ruedas en duda
En el marco de las crecientes denuncias por el uso y manejo de vehículos asignados a personas amenazadas, la gestión de la Unidad Nacional de Protección bajo la dirección de Augusto Rodríguez Ballesteros enfrenta cuestionamientos por posibles fallas en la administración de estos recursos durante los últimos dos años.
Mientras la entidad ha ampliado su cobertura a más de 15.000 protegidos y ha recibido decenas de miles de solicitudes anuales, el incremento en el parque automotor y su operación no ha estado exento de polémicas.
Por otro lado los Reportes advierten sobre accidentes, uso indebido de vehículos oficiales y debilidades en los controles internos, en un contexto donde históricamente la UNP ha arrastrado escándalos como el denominado “carrusel de carros blindados”.
En un sistema donde los vehículos son pieza clave para garantizar la seguridad de personas en riesgo, las irregularidades en su uso, mantenimiento o asignación no solo representan un posible detrimento patrimonial, sino que también podrían comprometer la eficacia de las medidas de protección y, en escenarios críticos, poner en peligro la vida de los beneficiarios.
A las denuncias por presunta asignación de vehículo nuevos a protegidos selectivios, existen unos señalamientos aún más delicados sobre la otorgación de esquemas en la Unidad Nacional de Protección, donde, según distintas fuentes, se estarían otorgando medidas “a dedo” sin cumplir plenamente los filtros técnicos establecidos.
El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM, es la instancia clave para definir la viabilidad de los esquemas, habría sido presuntamente omitido o debilitado en ciertos casos, dando paso a decisiones discrecionales que no siempre responderían a estudios de riesgo rigurosos.
Sin embargo el director Augusto Rodríguez Ballesteros, ha negado dichas prácticas, aunque no es nueva en la entidad. ya que en la actualidad estas acciones han generado preocupación por una posible desviación del modelo técnico hacia uno más flexible y selectivo, en el que algunos beneficiarios acceden a mayores recursos mientras otros, en condiciones de amenaza real, enfrentan demoras o negativas.
Este escenario no solo pone en entredicho la transparencia del sistema, sino que también reabre el debate sobre la equidad en la protección estatal y el riesgo de que decisiones administrativas terminen comprometiendo la vida de quienes dependen de estas medidas.
