Los recursos se destinarían a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El proyecto también contempla trasladar $1,2 billones para atender obligaciones de Air-e y reducir riesgos en el sistema eléctrico.
Bogotá, 9 de octubre de 2026. El Gobierno nacional solicitó al Congreso de la República dar trámite de urgencia al proyecto de ley que busca modificar el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, con una adición de $2,7 billones destinada a financiar la atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, pretende acelerar la disponibilidad de recursos para atender a las comunidades afectadas, financiar la asistencia humanitaria y avanzar en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las zonas impactadas por el desastre natural.
El mensaje de urgencia busca reducir los tiempos del trámite legislativo. Sin embargo, la propuesta todavía requiere la aprobación del Congreso, por lo que los recursos no deben presentarse como dinero ya aprobado o ejecutado.
¿A dónde irían los $2,7 billones?
Según la información divulgada sobre el proyecto, los $2,7 billones se incorporarían al presupuesto nacional y se destinarían al Fondo Milagro, mecanismo creado para centralizar recursos dirigidos a atender las consecuencias del terremoto.
La financiación prevista provendría del recaudo estimado de medidas tributarias, aduaneras y cambiarias establecidas por el Gobierno. Esto significa que el monto proyectado depende de los ingresos que efectivamente se obtengan mediante esos mecanismos.
El dinero tendría como propósito respaldar la atención de las familias damnificadas, las labores de recuperación y la reconstrucción de infraestructura en los territorios afectados.
La aprobación de la iniciativa será determinante para establecer la disponibilidad presupuestal y avanzar en la ejecución de las acciones contempladas.
Otros $1,2 billones para enfrentar los riesgos energéticos
El proyecto incluye una segunda operación presupuestal: el traslado de $1,2 billones para atender obligaciones de Air-e con las empresas generadoras de energía.
La empresa presta el servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira, tres departamentos de la región Caribe donde la estabilidad del suministro y la situación financiera del sector son asuntos de especial interés para millones de usuarios.
De acuerdo con la propuesta, los recursos se canalizarían mediante el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objetivo de atender compromisos pendientes con generadores y reducir los riesgos asociados a la cadena de pagos del sector.
A diferencia de los $2,7 billones destinados al Fondo Milagro, este traslado no representaría una ampliación equivalente del presupuesto total, porque se financiaría mediante la reasignación de partidas que ya estaban contempladas para 2026.
La región Caribe, pendiente de las decisiones
Para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, la discusión presupuestal tiene implicaciones directas. La situación financiera de Air-e, las obligaciones con los generadores y las condiciones de abastecimiento eléctrico son factores relevantes para la continuidad y confiabilidad del servicio.
La propuesta también adquiere importancia ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede reducir las lluvias y afectar la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. En ese escenario, las plantas térmicas adquieren mayor relevancia como respaldo del sistema eléctrico.
No obstante, el traslado de recursos no significa, por sí solo, que estén resueltos todos los problemas financieros y operativos de la empresa ni que se garantice automáticamente una mejora en el servicio.
El Congreso tiene la última palabra
La solicitud de trámite urgente pone ahora la atención sobre el Congreso de la República, que deberá estudiar y decidir sobre la modificación presupuestal.
El debate deberá determinar si la iniciativa cumple los requisitos legales, cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán los mecanismos de seguimiento y control sobre su utilización.
También será importante conocer los avances de la reconstrucción, los criterios para priorizar a las comunidades damnificadas y los resultados que se esperan de los recursos destinados al sector energético.
La discusión plantea dos retos simultáneos para el país: garantizar la atención de las poblaciones afectadas por el terremoto y reducir los riesgos de una crisis en el suministro eléctrico.
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