La solicitud del Gobierno Nacional para suspender las órdenes de captura contra alias ‘Chiquito Malo’ y otros 28 integrantes del Clan del Golfo encendió nuevas inquietudes sobre el rumbo de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La petición, enviada a la Fiscalía General de la Nación, busca facilitar el traslado de los cabecillas hacia Zonas de Ubicación Temporal a partir del próximo 25 de junio, dentro de los acercamientos que sostiene el Ejecutivo con esa estructura armada.
Sin embargo, la decisión provoca fuertes interrogantes en distintos sectores del país, especialmente porque entre los beneficiados aparece alias ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo y vinculado durante años a narcotráfico, homicidios, extorsiones y control ilegal de territorios.
La preocupación aumenta en regiones como Urabá antioqueño, Córdoba y Chocó, donde las comunidades continúan denunciando presión armada, cobros extorsivos y desplazamientos pese a los anuncios de diálogo.
Para muchos, el temor es que las medidas judiciales terminen favoreciendo a la organización sin que exista una garantía clara de desmantelamiento criminal.Otro de los puntos que genera inquietud es la eventual suspensión de solicitudes de extradición.
La posibilidad de congelar procesos contra líderes del Clan del Golfo podría generar tensiones con autoridades internacionales que durante años han perseguido a esta estructura por narcotráfico.
También surgen preguntas sobre los compromisos reales que asumiría el grupo armado. Hasta ahora no se conocen detalles concretos sobre entrega de bienes, rutas del narcotráfico, reparación a víctimas o aportes efectivos a la verdad judicial.
Mientras el Gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para avanzar hacia una salida negociada, sectores críticos consideran que el Estado podría estar enviando un mensaje de flexibilización frente a una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
La Fiscalía General de la Nación tendrá ahora la responsabilidad de revisar la viabilidad jurídica de la solicitud. Lo que decida el ente acusador podría marcar un precedente sobre el alcance que tendrán las negociaciones con grupos armados y estructuras ligadas al narcotráfico dentro de la estrategia de “paz total”.
