Un fallo del máximo tribunal de Estados Unidos anuló la mayoría de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump por exceder sus facultades constitucionales. La decisión, adoptada por una estrecha mayoría, abre un nuevo capítulo de confrontación institucional luego de que el mandatario anunciara un arancel global alternativo del 10 %.
La política comercial de Estados Unidos enfrentó un giro decisivo tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que invalidó la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, al considerar que fueron adoptados sin una base legal suficiente y en contravía de los límites establecidos a las facultades del Ejecutivo. El fallo, aprobado con seis votos a favor y tres en contra, representa un revés de alto impacto para la agenda económica de la Casa Blanca y refuerza el papel del Congreso como actor central en la definición de la política comercial del país.
La sentencia no solo tiene implicaciones políticas, sino también económicas y fiscales. Expertos advierten que la decisión podría derivar en reclamaciones millonarias por parte de importadores que pagaron aranceles ahora considerados inconstitucionales, lo que podría traducirse en reembolsos significativos y generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas. Asimismo, el fallo introduce un factor de incertidumbre para sectores productivos que habían ajustado sus cadenas de suministro a los gravámenes vigentes.
Lejos de dar por cerrado el capítulo, el presidente reaccionó con dureza al pronunciamiento judicial y anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10 %, esta vez sustentado en una base legal distinta. Trump señaló que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite al Ejecutivo aplicar aranceles temporales en situaciones excepcionales relacionadas con desequilibrios económicos o amenazas a la balanza de pagos.
El anuncio reavivó la inquietud entre los mercados y los socios comerciales de Estados Unidos, que observan con cautela la posibilidad de una nueva escalada de tensiones comerciales. Analistas jurídicos anticipan que la eventual aplicación de esta norma podría ser objeto de nuevos litigios, prolongando el pulso entre el Ejecutivo y el poder judicial. En el plano internacional, la medida podría afectar las cadenas globales de suministro y provocar respuestas recíprocas de otros países, en un contexto ya marcado por la volatilidad económica.
El episodio confirma que la política comercial estadounidense seguirá siendo un terreno de disputa institucional y política, con efectos que trascienden sus fronteras y mantienen en vilo a la economía global.
