La más reciente ola de ataques armados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca vuelve a encender las alarmas sobre la capacidad del Estado para proteger a la población civil en zonas históricamente afectadas por el conflicto. En cuestión de horas, una serie de atentados con artefactos explosivos y acciones coordinadas contra infraestructura militar y corredores viales dejó víctimas fatales, decenas de heridos y un clima de temor generalizado.
El hecho más grave ocurrió en el municipio de Cajibío, en la vía Panamericana que conecta Popayán con Cali. Allí, la detonación de un explosivo en medio de vehículos detenidos provocó la muerte de al menos diez personas y dejó más de 17 heridas, en un contexto que dificultó la llegada de equipos de emergencia por condiciones de seguridad.
Pero no se trató de un hecho aislado. En Mercaderes, otro artefacto impactó vehículos de servicio público en una vía que comunica con Nariño. En Popayán, las autoridades lograron desactivar un dron cargado con explosivos cerca de instalaciones militares, evidenciando una preocupante sofisticación en los métodos de ataque. A esto se suman amenazas sobre nuevos atentados en puntos estratégicos como Mandivá (Santander de Quilichao) y Pescador (Caldono), así como un ataque con carro bomba contra una base militar en Guachené.
La violencia también se extendió al Valle del Cauca. En Cali, fue atacado el Batallón Pichincha; en Palmira, el Batallón de Ingenieros N.º 3; y en Jamundí, una subestación de Policía fue blanco de explosivos. La estación de Policía en Robles también resultó afectada, confirmando un patrón de ataques simultáneos contra la Fuerza Pública y puntos estratégicos.
Una ofensiva con impacto directo en civiles
Lo que diferencia esta escalada de otras es su impacto directo sobre la población civil. Los ataques no solo se concentran en objetivos militares, sino en corredores por donde transitan comunidades, transporte público y actividades económicas esenciales. Esto ha generado restricciones en la movilidad, interrupciones en la vida cotidiana y un incremento del miedo en los territorios.
Según la Defensoría del Pueblo, estos hechos evidencian una intensificación de las acciones armadas en el suroccidente del país, en zonas donde operan estructuras ilegales como las disidencias asociadas a alias “Iván Mordisco”. La entidad ha advertido reiteradamente, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, sobre el riesgo derivado de disputas territoriales, control armado e imposición de normas ilegales.
Fallas estructurales en la respuesta del Estado
Más allá de la gravedad de los atentados, el trasfondo revela problemas estructurales. La repetición de ataques en los mismos corredores sugiere fallas persistentes en la prevención y en la reacción institucional. No se trata únicamente de una ofensiva armada, sino de una crisis de gobernabilidad en territorios donde el Estado no logra consolidar presencia efectiva.
La Defensoría ha sido clara: cuando estos hechos se repiten, dejan de ser episodios aislados y se convierten en evidencia de una respuesta insuficiente.
En ese sentido, el llamado al Gobierno nacional es urgente. Se requiere no solo reforzar la seguridad en la vía Panamericana y otros puntos críticos, sino garantizar atención humanitaria, acceso seguro para equipos de emergencia y una estrategia integral que combine fuerza pública con inversión social y acompañamiento institucional.
Un conflicto que se reinventa
El uso de drones explosivos, ataques simultáneos y afectación directa a civiles muestra que los actores armados ilegales están adaptando sus tácticas. La guerra en el suroccidente no solo continúa: está evolucionando.
Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas en medio de una confrontación que redefine sus formas, pero mantiene intacto su impacto: miedo, desplazamiento y vulnerabilidad.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede el Estado anticiparse a esta nueva dinámica del conflicto o seguirá reaccionando tarde ante una violencia que ya no es esporádica, sino sistemática?
