Los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes podrán continuar en libertad mientras avanza el proceso judicial. La decisión no significa que hayan sido absueltos de los delitos que se les atribuyen.
La Corte Suprema de Justicia concedió este viernes 9 de octubre la libertad provisional a Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado, y Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, procesados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La determinación fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal y se fundamenta en el vencimiento de términos dentro del proceso penal que se sigue contra los dos excongresistas. La decisión quedó consignada en la providencia AEP 140-2026.
¿Por qué les concedieron la libertad?
Según la información conocida sobre la decisión judicial, la Corte estableció que transcurrieron 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, sin que hubiera concluido la audiencia de juzgamiento.
La resolución de acusación quedó ejecutoriada el 7 de octubre de 2025. El plazo legal se extendió a un año debido a que durante la actuación judicial se decretaron pruebas en el exterior. Cumplido ese periodo, el 7 de octubre de 2026, y sin que hubiera terminado el juzgamiento, se configuró la causal legal para conceder la libertad provisional.
La determinación se apoya en el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con los reportes publicados este viernes, la Corte consideró que la demora no era atribuible a los procesados ni a sus defensas.
¿Qué condiciones deben cumplir?
La libertad no opera sin requisitos. La decisión contempla el pago de una caución equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y la firma de un acta de compromiso, además de las verificaciones judiciales correspondientes para hacer efectiva la salida del centro de reclusión.
Ambos permanecían detenidos en el complejo penitenciario La Picota, en Bogotá, mientras avanzaba el proceso por los hechos investigados.
El trasfondo del escándalo de la UNGRD
El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que debía atender emergencias y necesidades de las comunidades afectadas por desastres naturales.
La investigación contra Name y Calle apunta a la presunta recepción de dinero a cambio de favorecer iniciativas legislativas del Gobierno que estaban en trámite en el Congreso. La Corte los acusó por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
De acuerdo con las acusaciones divulgadas durante el proceso, presuntamente se habrían entregado 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones a Calle. Estas cifras hacen parte de los señalamientos judiciales y no deben presentarse como hechos probados mediante una sentencia condenatoria.
La libertad no cierra el proceso
La decisión de la Corte Suprema abre una nueva etapa en el desarrollo de este caso de alto impacto nacional, pero no elimina las acusaciones ni determina la inocencia o culpabilidad de los procesados.
Name y Calle deberán continuar vinculados al proceso judicial y atender los requerimientos de la justicia. La discusión de fondo sobre su presunta responsabilidad en los hechos investigados deberá resolverse dentro del procedimiento correspondiente.
El caso de la UNGRD sigue siendo uno de los procesos de corrupción pública más relevantes del país por las posibles implicaciones sobre el manejo de recursos destinados a la gestión del riesgo y por los señalamientos que involucran a antiguos funcionarios y dirigentes políticos.
El Espacio Noticias continuará atento a las decisiones judiciales y al desarrollo de este proceso.
