La Corte Constitucional de Colombia reiteró que las entidades públicas deben verificar si un trabajador tiene estabilidad laboral antes de retirarlo del cargo, sobre todo cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. La decisión quedó fijada en la Sentencia T-512 de 2025, en la que el alto tribunal amparó los derechos de una mujer de 67 años con problemas de salud y responsabilidades familiares.
El caso expone que la mujer sufrió afectaciones derivadas de dos accidentes laborales y asumía el cuidado de su nieta por la privación de la libertad de su hijo. Pese a ser reconocida como madre cabeza de hogar, fue desvinculada del empleo tras el regreso del titular del cargo y el nombramiento de una persona con derechos de carrera administrativa. La Corte concluyó que la entidad no garantizó su estabilidad laboral relativa ni evaluó alternativas para mantenerla vinculada.
El tribunal insistió en que personas en condiciones especiales deben recibir trato preferente dentro del empleo público. Madres cabeza de hogar, trabajadores próximos a pensionarse, personas con enfermedades o en debilidad manifiesta deben ser los últimos en salir de sus cargos. También indicó que, cuando existan vacantes, estas personas deben ser reubicadas de manera provisional en empleos equivalentes o similares.
En el fallo, la Corte ordenó a la entidad territorial revisar si existen cargos disponibles con funciones similares a las que desempeñaba la mujer antes de su desvinculación. En caso de encontrarlos, deberá ofrecerle la vinculación. Si no hay vacantes inmediatas, deberá priorizar su nombramiento en provisionalidad cuando se generen nuevas oportunidades.
La decisión también incluyó un llamado a revisar programas dirigidos a personas cuidadoras y adultos mayores para facilitar su inclusión. El pronunciamiento refuerza la protección de derechos fundamentales dentro del empleo público y fija un límite a las desvinculaciones que no consideren condiciones de vulnerabilidad.
