El comunicado emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia tiene como punto de origen la salida del general Urrego. No se trata de una aclaración abstracta sobre facultades constitucionales. El pronunciamiento aparece luego de una decisión que generó incomodidad interna en la Fuerza Pública y cuestionamientos externos sobre sus razones reales.
El documento insiste en que el presidente Gustavo Petro tiene plena autoridad para llamar a calificar servicios a cualquier integrante de la Policía o de las Fuerzas Militares. Ese punto no estaba en discusión. La discusión surge por el contexto, por la oportunidad del comunicado y por lo que deja entrever sobre el flujo de información que sustenta decisiones de alto impacto institucional.
La Dirección Nacional de Inteligencia afirma que el Presidente recibe información de distintas inteligencias del Estado y de la ciudadanía. Esa afirmación cambia el eje del debate. Si la información llega a la DNI y de allí al Presidente, la pregunta inevitable es quién construyó el informe que motivó la salida del general Urrego. Si existía información sensible, esta no ha sido revelada. Si no existía, la decisión se sustentó en datos incompletos o erróneos.
El comunicado no explica qué tipo de información llevó a la decisión. No aclara si hubo alertas de inteligencia verificadas. No precisa si existieron fallas operativas. No señala conductas irregulares. No menciona investigaciones disciplinarias ni penales. El vacío informativo abre un escenario delicado: la posibilidad de que al Presidente le haya llegado información falsa, exagerada o políticamente orientada.
Si la información era falsa, alguien mintió. Si era incompleta, alguien filtró selectivamente. Si era información ciudadana sin verificación suficiente, fallaron los filtros institucionales. En cualquiera de los escenarios, el problema no es la facultad presidencial sino la calidad del insumo que la activó.
La DNI, en lugar de explicar el proceso técnico, optó por blindar la decisión desde el poder. Defendió la autoridad presidencial sin aclarar el origen del dato. Ese movimiento traslada el foco del análisis desde la inteligencia hacia el mando. El debate deja de ser técnico y se convierte en un acto de reafirmación política.
La inteligencia estatal no está diseñada para respaldar decisiones ya tomadas. Está diseñada para advertir riesgos, contrastar fuentes, evitar errores estratégicos. Cuando un organismo de inteligencia sale públicamente a justificar una decisión sin exponer su sustento técnico, se debilita su credibilidad interna y externa.
El uso del concepto “cadena de afectos” dentro del comunicado resulta especialmente problemático. La inteligencia no opera con afectos. Opera con hechos. Con análisis. Con datos comprobables. Introducir lenguaje emocional en decisiones de seguridad refuerza la sospecha de que el criterio técnico fue desplazado por un criterio político.
La salida del general Urrego es un caso excepcional. Se inscribe en una dinámica de relevos que no siempre han sido explicados con claridad. Cada relevo sin explicación fortalece la percepción de que la permanencia en los altos mandos depende más de la alineación política que del desempeño profesional.
El comunicado de la DNI no despeja dudas. Las profundiza. Si la información llegó al Presidente a través de la inteligencia, la responsabilidad es institucional. Si la información fue errada, la falla es grave. Si fue manipulada, el problema es estructural. Si fue política, la inteligencia perdió neutralidad.
La pregunta central sigue sin respuesta: quién le informó al Presidente sobre el general Urrego y por qué razón. Hasta que esa respuesta no exista, el comunicado no funciona como aclaración sino como síntoma de un sistema de inteligencia expuesto, defensivo y cada vez más involucrado en la disputa de poder.
Lo que está en juego no es un general. Es la confianza en la inteligencia del Estado. Es la frontera entre análisis técnico y conveniencia política. Es la garantía de que el Presidente decide con información veraz y no con relatos construidos para influir en el poder.
Cuando la alerta no se sostiene y la justificacion institucional se vuelve estrategia
Lo cierto es que cada día salen a relucir más elementos que contradicen la alerta lanzada por el presidente Gustavo Petro sobre una supuesta conspiración en la que involucró a un general de la República y que además salpica al teniente coronel Óscar Moreno. Hasta ahora no se han presentado pruebas públicas, ni informes verificables, ni decisiones judiciales que respalden esa versión.
La narrativa se sostuvo en advertencias sin sustento visible mientras los hechos conocidos avanzan en sentido contrario. Aceptar un error implicaría reconocer que la información que llegó al Presidente fue equivocada o manipulada, admitir una falla grave en la inteligencia del Estado y asumir responsabilidades políticas que ningún gobierno suele estar dispuesto a cargar, menos aún cuando hacerlo significaría ponerse una soga institucional al cuello y dejar al descubierto que el problema no era una conspiración sino la forma como se construyen y validan las alertas que terminan definiendo decisiones de poder.
Para nadie es un secreto que la presencia del general Urrego se convirtió en un factor incómodo para el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia y para el ministro del Interior Armando Benedetti. Esa incomodidad fue manifestada en varias ocasiones de manera pública y privada. Incluso después de la salida del general, se mantuvieron señalamientos en su contra sin que hasta ahora se conozcan pruebas, informes oficiales ni decisiones judiciales que respalden dichas afirmaciones.
Esta situación resulta delicada porque expone un posible uso de la narrativa de seguridad para desacreditar a un oficial de la República, erosiona la presunción de inocencia y deja al descubierto una tensión política que terminó trasladándose al terreno de la inteligencia y la Fuerza Pública.
