A solo seis días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, Cartagena se convirtió en el centro de las discusiones políticas del país durante la última Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Garantías Electorales, una reunión en la que participaron autoridades nacionales, organismos de control, representantes de campañas y delegados de partidos políticos. Lo que debía ser una mesa técnica para revisar el estado del proceso electoral terminó dejando fuertes debates, denuncias y nuevos choques políticos.
La reunión contó con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador nacional Hernán Penagos; el procurador Gregorio Eljach; el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, además de representantes de campañas presidenciales y diferentes instituciones encargadas del proceso democrático.
Uno de los temas principales fue la seguridad electoral. Las autoridades revisaron el panorama en diferentes regiones del país, especialmente aquellas zonas con antecedentes de alteraciones del orden público o amenazas a candidatos y líderes políticos. También se discutieron esquemas de protección, la logística de la jornada y la coordinación entre Fuerza Pública y entidades electorales.
La transparencia del proceso electoral también ocupó buena parte del debate. El Consejo Nacional Electoral presentó medidas relacionadas con la acreditación de testigos electorales y mecanismos adicionales de vigilancia sobre el proceso de escrutinio. Según reportes conocidos durante la comisión, más de 298 mil testigos electorales estarán acreditados para ejercer vigilancia durante los comicios.
Asimismo, el Gobierno expuso estrategias de protección tecnológica y ciberseguridad para evitar ataques o afectaciones digitales durante la jornada electoral. Se informó sobre mesas interinstitucionales y monitoreo permanente de infraestructura tecnológica vinculada a la transmisión de datos electorales.
Sin embargo, el ambiente más tenso de la jornada surgió por denuncias relacionadas con una presunta participación política desde el Gobierno Nacional. La candidata presidencial Claudia López y sectores de otras campañas cuestionaron lo que consideran actuaciones que podrían afectar la neutralidad exigida a los funcionarios públicos durante la contienda electoral. Las diferencias escalaron hasta el anuncio de denuncias penales y disciplinarias, así como solicitudes ante organismos internacionales.
En medio de la controversia, el procurador Gregorio Eljach lanzó un llamado a todas las instituciones y actores políticos para mantener la prudencia y garantizar un ambiente de tranquilidad durante la recta final de las elecciones, recordando que los servidores públicos tienen límites legales frente a la participación en actividades políticas y proselitistas.
La comisión dejó un mensaje claro: aunque las autoridades insisten en que existen garantías para acudir a las urnas, las tensiones políticas siguen aumentando en una campaña presidencial que entra en su etapa definitiva. Cartagena terminó siendo el escenario donde se evidenció que, más allá de la logística electoral, la principal disputa también gira alrededor de la confianza y la legitimidad del proceso democrático.
